Y todo esto en un solo año...

  Hace poco más de un año, en vísperas de que Mariano Rajoy se instalara en La Moncloa, el ínclito Portavoz de la Junta ajustó cuentas con Zapatero, asegurando que el paisano leonés se despedía dejando a deber a cada familia de Castilla y León 2.018 euros. Dicho cálculo resultaba de dividir los 1.374 millones de euros que el gobierno socialista había escamoteado entre el número de familias de la comunidad (según esa estimación, un total de 686.000). De esos 1.374 millones, 650 correspondían a transferencias finalistas y subvenciones que el gobierno Zapatero no había hecho efectivas y los otros 724 a la discrepancia mantenida por la Junta en la aplicación del modelo de financiación autonómica.

El Portavoz de la Junta

  Ignorantes de que teníamos esa deuda por cobrar, era una gran noticia saber que en cosa de días, como mucho semanas, todo lo más unos meses, Rajoy iba a abonar en nuestra cuenta lo que nos había birlado Zapatero. Toda una alegría para afrontar el dispendio navideño sin la fastidiosa sombra de la larga cuesta de enero. Esto iba a ser coser y cantar.

Sin embargo, no habíamos llegado a fin de año y el panorama empezaba a pintar de manera muy diferente. Tanto que el primer Consejo de Ministros presidido por Rajoy  nos dejó con un palmo de narices. En la primera oleada de recortes desaparecían de los Presupuestos del Estado 175 millones del Plan Miner y otros 150 del Plan de Convergencia de Castilla y León, en total 325, justo la mitad de aquellos 650 millones que nos debía Zapatero.

  Al margen de esos recortes presupuestarios a esta comunidad autónoma, ese primer Consejo de Ministros había deseado feliz 2012 a los españoles subiendo, entre otros impuestos, el IRPF, el IBI y la tributación del ahorro. “Y esto es solo el inicio del inicio”, nos advirtió nuestra paisana Soraya Sáez de Santamaría aquel viernes 30 de diciembre. Advertencia que, con el discurrir del tiempo, íbamos a comprobar que no era vana.

Pero para los castellanos y leoneses ese no era el único regalo de fin de año que nos dejaba el PP. Un día antes, el 29 de diciembre, recién soportadas las bromas de los Santos Inocentes, el gobierno de Juan Vicente Herrera se había descolgado con otro paquete de recortes y subidas de impuestos, que incluía medidas como la ampliación de jornada a los empleados públicos y la aplicación del centímazo sanitario.

Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera

 Y aunque Juan Vicente Herrera no lo dijo, aquellas medidas eran solo el inicio de toda una escalada de recortes sociales y presupuestarios aplicados por la Junta a lo largo de 2012. En estos doce últimos meses ambos gobiernos, el de Rajoy y Herrera, se han empleado a fondo en la doble y paralela tarea de socavar el Estado de Bienestar y de diezmar nuestros bolsillos por la vía recaudatoria. Desde aquellas primeras subidas del IRPF y el IBI hasta la reciente entrada en vigor del tasazo judicial de Gallardón, el gobierno Rajoy no ha dado un respiro al sufrido contribuyente (no así a los bancos o las intocables sicav). Para mayor inri, los evasores han tenido ocasión de beneficiarse de una amnistía fiscal, complementada por la Junta con otra de tapadillo de la que seguimos sin conocer el importe recaudado.

 Se aprobó una reforma laboral que solo ha conseguido precarizar el empleo y estimular el despido, se dejó en mantillas la Ley de Dependencia, se obligó a las comunidades autónomas a recortar 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad, se restringieron las prestaciones por desempleo, se suprimió la paga de navidad a los funcionarios, se subió el IVA y finalmente -finalmente, de momento- se incumplió la revalorización de las pensiones establecida por el Pacto de Toledo. Casi todo ello a golpe de decreto y pasandose por el forro compromisos adquiridos con el ciudadano.

 En ocasiones el gobierno central y la Junta se han repartido los papeles de poli bueno y poli malo, como ocurrió con el salvaje recorte (un 67 por ciento) en las ayudas previstas en el Plan del Carbón. Pero donde no puede eludir su responsabilidad el gobierno Herrera es en el inacabable rosario de recortes en Educación, Sanidad y Dependencia. En los Presupuestos de la Comunidad de 2012 el llamado gasto social (Sanidad, Educación y Familia) ha descendido en 232 millones de euros, recorte que se eleva a 340 en los que acaban de aprobarse para 2013. Y en realidad, el "reajuste" comenzó en 2.011, año en el que el montante presupuestado para esas tres Consejerías disminuyó en 184 millones respecto a 2.010.

J.J. Mateos, consejero de Educación, y A. Sáez, consejero de Sanidad

Tenemos así que el gasto social de la Junta ha caído en tres años 756 millones de euros. La Consejería de Educación se ha dejado en este trienio 422 (un 19 por ciento), la de Sanidad 272 (un 7,75 por ciento) y la de Familia 64 (un 7,3). Y los recortes presupuestarios no se han limitado a estas tres consejerías. Que se lo pregunten por ejemplo a los agricultores, que han visto como se suprimía la ayuda de tres euros por tonelada de la remolacha, la subvención a los seguros agrarios y ahora también la de los créditos de los regantes.

Termino volviendo al principio. Si no se ha cumplido la profecía maya, el gobierno Rajoy celebra hoy su primer aniversario, momento en el que correspondería que la Junta haga balance y su Portavoz nos cuente, con su proverbial clarividencia, a cuanto asciende un año después aquella deuda de 2.018 euros por familia con la que se despidió Zapatero. Puede aprovechar y hacerlo el día 28 y así nos lo podremos tomar a broma.

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