Una Mancomunidad de Diputaciones

 En los albores del Estado de las Autonomías, antes de que se configurara el mapa de las 17 comunidades, en Castilla y León se cuestionó la necesidad de acogerse a esa opción constitucional. De hecho, aunque dejaron abierta la vía, los constitucionalistas solo contemplaron de manera explícita el régimen autonómico de las llamadas “nacionalidades históricas”.

 En ese debate previo al posterior “café para todos”, en el partido gobernante (UCD) hubo voces muy autorizadas estimando que regiones como Castilla y León podían satisfacer sus aspiraciones simplemente con constituir una especie de “Mancomunidad de Diputaciones provinciales”. La idea estuvo sobre la mesa hasta que desde el propio gobierno de Adolfo Suárez se apostó por generalizar el proceso autonómico al conjunto del Estado. 

Cristobal Montoro presentando su reforma

Y las Diputaciones, que estaban reconocidas en la Constitución, siguieron donde estaban, aunque venidas a menos y sin un papel definido, solapadas entre los Ayuntamientos y la nueva Administración Autonómica. Un papel tan poco definido que, llegada la crisis, ha llevado a cuestionar su existencia a partidos como PSOE e IU, que han venido planteando su desaparición.

 Nada mas lejos ello de la intención del PP, como se pone de manifiesto en su anteproyecto de “Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. Aunque el foco informativo se ha puesto en la regulación o supresión de los sueldos de los alcaldes y concejales, la verdad es que ese aspecto es el menos trascendente.
Solo apuntar al respecto la falta de rigor demostrada por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, al presuponer un ahorro que no es tal, ya que en la práctica el número de ediles que no perciben sueldo alguno es superior al estimado por el propio gobierno. Y en cuanto a la tabla homogénea de sueldos en los principales ayuntamientos, resulta que en comunidades como en Castilla y León supondría mas incremento que ahorro, lo cual  es como para mear y no echar gota.

Pero vayamos a lo verdaderamente sustancial. La piedra angular de la reforma consiste en sustituir la actual estructura administrativa local por otra que potenciaría el poder de las Diputaciones provinciales, que pasarían a tutelar o absorber las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, así como las de las mancomunidades supramunicipales. Con ello el PP mata dos pájaros de un tiro: Concentra ese poder disperso en unas instituciones (las Diputaciones) bajo su absoluto control y paralelamente crea el escenario propicio para proceder a la privatización de servicios hasta ahora públicos. Jugada completa justificada una vez mas con la coartada de una falsa austeridad que, echando cuentas, no aparece por ningún lado.

El modelo de Administración Local diseñado por el PP afecta de manera muy especial a Castilla y León por razones elementales. En primer lugar, por ser la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de municipios (2.248), prácticamente la cuarta parte de todos los de España. Y segundo, por concentrar casi las dos terceras partes de las “entidades locales menores” españolas (2.232 de 3.725), figura especialmente arraigada en las provincias de León (1.234), Burgos (654) y Palencia (226). El anteproyecto es claramente beligerante contra esta institución vecinal, amenazando con disolver a todas aquellas que no presenten cuentas en el plazo de tres meses, requisito técnicamente imposible de cumplir para la mayoría de ellas debido a la falta de regulación existente.

 De momento, a esta reforma le espera un largo recorrido legislativo y, de no cambiar mucho, más de un recurso de inconstitucionalidad, tanto por presunta vulneración de la autonomía municipal como por invadir competencias de las comunidades autónomas.
 Pero la amenaza está ahí y se cierne sobre el ingente patrimonio comunal que, pese a su precariedad administrativa, mantienen los pequeños ayuntamientos (la inmensa mayoría de los de Castilla y León) y las mencionadas entidades locales.

 Si acaso tiene algo de positivo este proyecto es que la Junta va a tener que aparcar su cacareado modelo de Ordenación del Territorio, invento que tendrá que esperar a que se apruebe esa reforma de la legislación básica estatal. Ambos anteproyectos entran en contradicción en diversos aspectos -el de la Junta teóricamente no persigue la reducción del actual número de instituciones locales- pero coinciden en un objetivo: Potenciar al máximo el poder de las Diputaciones. No es casualidad que el PP disponga de mayoría absoluta en las nueve de Castilla y León, ni tampoco que cinco de ellas (León, Zamora, Salamanca, Burgos y Segovia) las presidan los propios presidentes provinciales del partido y otras dos (Valladolid y Soria) los respectivos secretarios. Todo perfectamente coherente.

 Hace 35 años el poder gobernante no tenía claro si Castilla y León debía ser una comunidad autónoma o una Mancomunidad de Diputaciones. El PP ha descubierto que ambas cosas pueden ser compatibles y su combinación sumamente eficaz para afianzar aún mas su aplastante hegemonía política.

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