jueves, 11 de abril de 2013

En marcha un brindis al sol


  Mientras se ha ido al garete el consenso político y social al que obligaba el Manifiesto de Villalar, se está dando mucho bombo estos días a un pretendido pacto entre la Junta y la oposición en defensa de un sistema de financiación autonómica que garantice las necesidades de Castilla y León, aspiración que a juicio de la Junta no cumple el modelo vigente. Si el liquidado Manifiesto del 23 de abríl al menos tenía un valor testimonial, el acuerdo que se plantea sobre la financiación del Estado a la comunidad autónoma constituye un completo brindis al sol.


Artur Mas y Mariano Rajoy
La cosa deriva del razonable mosqueo que cunde en la mayoría de las comunidades autónomas a raíz de la entrevista secreta mantenida entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Con la deriva soberanista como telón de fondo, de ese encuentro salió el compromiso del gobierno central de ayudar a Cataluña a salir de la situación de quiebra financiera en que se encuentra. Mejor dicho, de seguir haciéndolo, ya que la comunidad catalana ha sido la principal destinataria del famoso Fondo de Liquidez Autonómica.

 Con anterioridad al encuentro de dichos presidentes, el ministerio de Hacienda ya había puesto sobre la mesa otra medida ideada para aliviar la situación financiera de Cataluña, cual es la de sustituir el techo de déficit único aplicado a todas las comunidades por otro de carácter “asimétrico”, propuesta que casi todos los demás gobiernos autonómicos consideran discriminatoria. Visto todo lo cual, estos mismos gobiernos se han puesto en guardia sospechando del presunto compromiso de Rajoy de revisar el reparto de la tarta común de la financiación autonómica con criterios que aumenten la porción catalana.

 Desestimado el “pacto fiscal” (acuerdo unilateral homologable a los conciertos vasco y navarro) `reivindicado por Más, la única vía para calmar las aguas catalanas sería la de ese nuevo reparto de la tarta. Y como la tarta no ha aumentado, sino todo lo contrario, si aumenta la porción de alguno de los comensales, impepinablemente será a costa de reducir la ración de los restantes. Esta es la venda que tratan de ponerse Castilla y León y otras comunidades antes de recibir esa pedrada.

Consejeros de Hacienda del PP con Montoro y Cospedal
 Y es aquí cuando se vende ese pacto de comunidad sobre la financiación autonómica que a mi me parece un completo brindis al sol. Sencillamente porque ese pacto ya existe y está plasmado en el artículo 83 del vigente Estatuto de Autonomía, que recoge en ocho puntos las aspiraciones de Castilla y León en esa materia. En el se reclama suficiencia financiera para ejecutar sus competencias, se invocan los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y equilibrio económico entre las diversas comunidades y se pide que se ponderen adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población.

 Todo eso ya se pactó entre PP y PSOE y lo comparten de la cruz a la raya  IU, los sindicatos, la patronal y hasta el último vecino de la última aldea de Los Ancares. Pensar que, por recrearlo aquí, Castilla y León va a tener mas fuerza en la negociación que se lleve a cabo en Madrid es de de una ingenuidad supina. Va de suyo además que en todas las comunidades autónomas la oposición respalde al gobierno de turno en salir lo mejor parado posible de ese reparto.

Esta película del sistema de financiación la tenemos ya muy vista y al final acaba con concesiones a las comunidades con mayor capacidad de presión política frente al gobierno central en detrimento del resto. Y aquí lo que tiene que hacer el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto a los demás de las comunidades del PP con intereses coincidentes, es presionar al gobierno Rajoy  para contrarrestar la presión ejercida por Cataluña. Lo demás son fuegos de artificio.

Herrera, López, Carriedo y González
Por supuesto, no estaría de más que la Consejería de Hacienda haga los deberes y elabore un documento cuantificando hasta el último céntimo y con todo detalle el sobrecoste que suponen para la Educación, la Sanidad y demás servicios públicos los factores antes señalados (extensión, dispersión, envejecimiento, etc.) a fín de ponderar los mismos en los parámetros establecidos para el reparto.

 Respecto a la oposición, en lugar de prestarse a solemnizar lo obvio, puestos a hablar de financiación debería pedir cuentas a la Junta sobre el otro gran capitulo de la misma: los tributos propios de la comunidad. Nadie sabe a ciencia cierta lo que han reportado a las arcas autonómicas aquellos nuevos impuestos que la Junta se sacó de la manga a finales de 2011 (la llamada ecotasa a las empresas eléctricas, la tasa impuesta a la eliminación de residuos, el céntimo sanitario y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio). Revisar la fiscalidad autonómica -incluida la recuperación del impuesto de donaciones y sucesiones para las grandes fortunas- sí merecería un pacto de comunidad. Pero como eso no le interesa a la Junta, ni siquiera se plantea.

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