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| J.V. Herrera, De Santaigo-Juárez y Del Olmo |
Basta
repasar someramente los principales parámetros para comprobarlo, comenzando por el paro y
la despoblación. La última Encuesta de Población Activa disparó la tasa de
desempleo hasta el 22,71 por ciento, cifrando el número de parados en 262.600
(58.100 más que dos años antes). Y en cuanto a la despoblación, Castilla y León
ha perdido solo en 2012 nada menos que 30.605 habitantes, pérdida record en un
solo año tras la registrada en 2011, que fue de 12.375. Solamente estos dos
datos ponen de manifiesto la sangría que está sufriendo está comunidad y la incapacidad del gobierno autonómico para contenerla.
En ese discurso de investidura de junio de
2011 Herrera ofreció un pacto de comunidad (no solo político, también social)
para blindar los servicios esenciales (Educación, Sanidad, Dependencia, etc.).
Fue una más de sus habituales promesas incumplidas. Dicho pacto en ningún momento se
planteó. En su lugar, la Junta,
primero motu proprio y después instado por el gobierno Rajoy, continuó con la
escalada de recortes sociales que ya había iniciado ese mismo año y que a fecha
actual se cuantifica en 758 millones de euros detraídos a las consejerías de
Educación (-422 millones), Sanidad (-272) y Familia (-64).
El resultado está a la vista de todos por
mucho que se pretenda ocultar. Castilla y León ha perdido el liderazgo que
ostentaba en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, cayendo del
primer al cuatro puesto tras el Pais Vásco, Navarra y La Rioja. Naturalmente
a ello no es ajeno el recorte presupuestario del 8,6 por ciento que lleva
acumulado en los tres últimos años la consejería de Familia.
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| Consejeos de Sanidad, Familia y Educación |
Y en
Sanidad, aunque el recorte mas sonado ha sido el de la supresión de las
guardias nocturnas en 17 centros rurales, los recortes han degradado la
asistencia hospitalaria, como bien lo demuestran las listas de espera quirúrgica,
que en el último año y medio se han duplicado. La solución adoptada para atajar
el problema ha sido la de desviar hacia la Sanidad privada parte de las intervenciones
quirúrgicas a través de un plan de choque que nos va a costar 12 millones de
euros… No hablemos ya del canon multimillonario (71 millones anuales) destinado al Hospital de
Burgos.
¿Qué decir del absoluto fracaso de la Junta en su intento de mediar ante el Ministerio de Industria para mantener la actividad en unas cuencas mineras a las que el gobierno Rajoy ha colocado al borde de la desesperación? ¿Y del espantoso ridiculo hecho por el gobierno Herrera, quedándose solo en la defensa de una central nuclear como Garoña que ni la propia empresa tiene interés en mantener debido a las costosas inversiones a realizar para garantizar una seguridad que ni aun así estaría del todo garantizada? Penoso.
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| Villanueva y Del Canto (CEISS) |
¿Y de los reveses judiciales del calibre de la
sentencia del TSJ que ha obligado a paralizar la Ciudad de la Energía, el edificio
institucional de la fantasmal Ciudad del Medio Ambiente, y de la del Tribunal
Constitucional que se carga la ley “ad hoc” con la que se pretendió legalizar
la planta de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga? Una insostenible política medioambiental que ha encontrado su mejor símbolo en el desmoronamiento de la pasarela de los Cuestos de Benavente.
¿Qué decir de la pretendida “ordenación territorial” en que se ha empecinado la Junta, más lejos que nunca
del “acuerdo politico y social” que pretendía alcanzar Herrera en el primer año
de la Legislatura
(discurso de investidura, pág. 17)? ¿Y qué del Plan plurianual de Convergencia
interior, suprimido de un plumazo, en contra de lo anunciado por el presidente,
que en ese mismo discurso (pág. 22) lo consideraba "imprescindible”?
Nada se dijo en aquel discurso de los nuevos
impuestos autonómicos que seis meses después aprobaba la Junta, entre ellos el
nefasto “centímazo sanitario” con el que la comunidad ha hecho un pan como unas
auténticas hostias. Unos impuestos que apenas han paliado el desplome de la
recaudación propia ni han evitado que la deuda pública se haya disparado casi
al doble en estos dos últimos años (de 4.422 a 8.070 millones) con todo el coste financiero que
ello supone.
En junio de 2013 Castilla y León está peor que nunca y el gobierno autonómico completamente desfondado. Y lo grave es que no
hay alternativa, ni fuera -en la oposición- ni dentro del PP, donde Herrera
se ha convertido en el principal lastre: Un presidente sin autoridad ante
Madrid y sin arrestos aquí que lleva camino de dejar esta
comunidad como un auténtico solar. Eso sí, con una hipoteca de la que no se
haría cargo ni el “banco malo”.