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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

jueves, 24 de octubre de 2013

Empresas públicas bajo sospecha



 Como ya se ha comentado aquí, la llamada “Ley de Acompañamiento” de los próximos Presupuestos de la Comunidad, esa especie de cajón de sastre que suele utilizarse para todo tipo de apaños normativos, contempla en 2.014 la disolución de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales y la eliminación del Instituto de la Juventud de Castilla y León. Dos liquidaciones enmarcadas en la reestructuración del “sector público de la comunidad” emprendido por la Junta en el último año.


 
José Francisco Martín y Julio Villarrubia
Aunque la reducción de las empresas, fundaciones y demás entes públicos de las comunidades autónomas constituía una exigencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, vinculada los planes de estabilidad presupuestaria, la Junta incluyó la misma en el acuerdo político firmado con el PSOE el 10 de octubre de 2.012, más tarde conocido como “pacto de la Coronita”, en alusión a la amnistía fiscal encubierta que, aunque no figuraba en el texto, iba a financiar el plan de empleo local y juvenil contemplado en el mismo.

 Aquel documento, suscrito por Juan Vicente Herrera y Julio Villarrubia, comprometía  “una reordenación del sector publico  empresarial y fundacional de la comunidad”, fijando como objetivo el de “reducir el coste de su gasto corriente y de personal  en, al menos,  un 50 por ciento antes del 31 de diciembre de 2013”. A tal fin se contemplaba “constituir un grupo de trabajo para concretar y seguir la ordenación”, sobre la base de “un informe financiero y de gestión que determine la necesidad y dimensión del futuro sector público de la comunidad”.

 En aplicación de dicho acuerdo hemos asistido en los últimos meses a la liquidación de algunas sociedades y fundaciones de escaso presupuesto y a la fusión de otras que radicaban en las mismas consejerías. Ha sido el caso de la integración de la empresa Sotur en la Fundación Siglo (consejería de Cultura) y de la fusión de Provilsa, Somacyl y la Fundación del Patrimonio Natural en el ámbito de la consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se suponía que, en cumplimiento de lo pactado, dicha reordenación estaría avalada por dicho grupo de trabajo y basada en el aludido “informe financiero y de gestión”.

Tomás Villanueva
 Sin embargo, un año después se descubre que todo este proceso se ha llevado a cabo por la Junta de forma unilateral sin contar con el PSOE, que el grupo de trabajo no se ha constituido y que el “informe” en cuestión, de existir, no se ha dado a conocer a la otra parte firmante de aquel acuerdo. Así se desprende de lo afirmado el pasado martes en las Cortes por el procurador y secretario del grupo parlamentario socialista, José F. Martín, quién denunció el incumplimiento de dicho acuerdo y achacó a la reestructuración llevada a cabo “barrabasadas de todo tipo de las que el PSOE no se hace responsable” (sic).

 El desmarque socialista se produjo al hilo de una pregunta parlamentaria sobre la liquidación de ADE Parques, que en realidad no es tal, sino el trasvase de sus activos y pasivos a la Agencia de Innovación y Financiación adscrita a la consejería de Economía. El procurador socialista afirmó que dicha sociedad -que preside la viceconsejera de Economía, Begoña Hernández- se encuentra en situación de quiebra técnica, con una deuda de 380 millones de euros, producto de “una gestión negligente y de un despilfarro incontrolado”.  Una valoración naturalmente no compartida por el consejero, Tomás Villanueva, quien rechazó que ADE Parques se encuentre en quiebra técnica, argumentando que frente a 350 millones de deuda financiera mantiene unos activos valorados en 833 millones.

 El problema es que entre esos activos figura patrimonio adquirido  a precio muy superior al de mercado, como es el caso del suelo rústico comprado en la localidad vallisoletana de Portillo, por el que la sociedad ha desembolsado 30 millones de euros. Quizás a ello se refería Martín cuando aludió a que ADE Parques ha llegado a comprar suelo rústico a 150.000 euros la hectárea (según un informe elaborado por un antiguo empleado de la empresa, los terrenos de Portillo se pagaron a mas de 20 euros el metro). “Nunca me he dedicado ni a comprar ni a vender ni a fijar el precio de nada”, contestó de forma exculpatoria Villanueva.

Sede de ADE en Arroyo de la Encomienda
Junto Provilsa, Somacyl y la antigua ADE Financiación, ADE Parques es una de las cuatro empresas públicas que salen muy malparadas de la fiscalización llevada cabo por el Consejo de Cuentas sobre la gestión de los ejercicios 2010-2011, cuyas conclusiones han servido de base al Partido Castellano (PCAL) para presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia por presuntos delitos de falsedad en documento publico, administración desleal y prevaricación en sus procedimientos de contratación.

 La polémica persigue a ADE Parques hasta en el procedimiento elegido para su disolución, del que discrepa el Consejo Consultivo, cuyo dictamen advierte que el trasvase directo de activos y pasivos a la Agencia de Innovación no se ajusta a la legislación mercantil.  

  Es lógico que el PSOE no se haga responsable de las “barrabasadas” que a su juicio ha perpetrado la Junta en la reestructuración del sector público. Lo incomprensible es la dejación con las que las ha contemplado durante un año sin haber hecho valer lo firmado en el desdichado “pacto de la Coronita”.

elblogdepedrovicente@gmail.com      24-10-2013