Lecciones de austeridad, mejor ninguna

  Uno está dispuesto a admitir que Castilla y León no ha sido la comunidad  que más ha despilfarrado en el desmadrado Estado de las Autonomías. En eso todo el mundo está de acuerdo que la Comunidad Valenciana se lleva la palma, con mucha ventaja sobre el resto. Pero, en mayor o menor medida, todos los gobiernos autonómicos han incurrido en claros excesos derivados de una cultura del gasto propiciada por esos años de abundancia, en los que el maná de los fondos europeos y la posterior burbuja inmobiliaria dispararon un crecimiento presupuestario sin bases sostenibles.

Ampliando por su cuenta las transferencias recibidas del Estado, todas las Autonomías sin excepción han ido incrementando su aparato administrativo, dotándose de  todo tipo de entes, empresas, fundaciones y sociedades públicas, en su mayor parte perfectamente innecesarios. Ese llamado “sector público” o Administración B que, además de constituir en sí mismo un despilfarro, ha contribuido no poco a engordar el déficit y la deuda pública.

Cortes de Castilla y León

 Los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas sobre la gestión de esa “Administración B” de Castilla y León nos ahorran mayores comentarios. Al igual que el de dato de que la deuda de 54 millones que en 2008 contabilizaba el “sector publico” de la comunidad, se había disparado a finales de 2011 hasta los 395 millones (un 631,5 por ciento más). Y como venimos comentando, la “reestructuración” en marcha tiene mucho de de simple lavado de cara, de operación cosmética que no extirpa ni de lejos el enorme quiste de esa administración paralela.

De ese comportamiento propio de nuevos ricos nos delatan ejemplos tan difíciles de ocultar como el edificio de las Cortes, con diferencia la sede parlamentaria de todo el mundo mundial con mayor número de metros cuadrados por escaño. Y no es el “mausoleo” de Villa del Prado la única obra faraónica en la que se nos ha ido la mano. Bien cerca está el centro cultural “Miguel Delibes”, cuyo contenido hubiera cabido sin duda en un contenedor bastante mas reducido. Y que decir que no sepan los lectores de la sede -primero alquilada, después comprada- de la Consejería de Economía en Arroyo de la Encomienda… 
El problema de estos y otros macroedificios no se reduce a su elevado coste de construcción y equipamiento. Lo peor es el elevado coste de su mantenimiento (climatización, limpieza, vigilancia, etc.), que, unido a la dotación de personal, supone un oneroso gasto corriente estructural contraído para siempre.

Aeropuerto de León

 En estos días de atrás ha rebrotado la polémica sobre la viabilidad de los cuatro aeropuertos que operan en Castilla y León, todos los cuales no tienen en estos momentos otros vuelos que los que conectan con Barcelona. Al margen del aldeano enfrentamiento provincial a que ha dado lugar la moción del ayuntamiento de Valladolid, que refleja una vez más la carencia de planificación autonómica a todos los niveles, la resaca aeroportuaria es consecuencia de una juerga presupuestaria que nunca debimos permitirnos. Aunque son titularidad de AENA, el auge de su actividad fue consecuencia de las generosas subvenciones encubiertas con las que la Junta promocionó los vuelos “low cost” (que eran de bajo coste para los usuarios, no para el resto de los contribuyentes de la comunidad, que los abaratabamos con nuestros impuestos).

Entre 2007 y 2011 Castilla y León fue, con muchísima diferencia, la comunidad autónoma que mas gastó en ayudas (normalmente disfrazadas como campañas publicitarias) a las compañías aéreas. Destinó a dicho capitulo mas de 84 millones de euros, seguida a gran distancia por Aragón (34 millones) y Galicia  (22,7).

Llegados los recortes presupuestarios, la drástica retirada de tan desmedidas ayudas ha conllevado el consecuente desplome de la actividad en los cuatro aeropuertos de la comunidad, todos ellos cada vez con menos viajeros y en números rojos ante AENA. Y  ahora nadie se atreve a poner cascabel a ese gato.

Hospital de Burgos

En materia de infraestructuras el primer gran exceso que cometió la comunidad fue gastarse más de 400 millones de euros en desdoblar la Nacional-120 entre León y Burgos, costeando una autovía mucho menos prioritaria que la Valladolid-León o Valladolid-Soria, que décadas después siguen empantanadas. La consejería de Fomento, la misma que a través del suplemento presupuestario de la revisión del déficit ha tenido que ser socorrida para estar al día con la Seguridad Social, gasta más de 20 millones de euros anuales en el mantenimiento de la autovía León-Burgos.

 Y ya no digo nada del sobrecoste del nuevo Hospital de Burgos, generosamente repercutido en el canon anual (71 millones en 2013) que la Junta abonará hasta el año 2.037 a su todopoderosa e intocable sociedad concesionaria.

En resumen, el hecho de que el despilfarro haya sido mayor en otras comunidades no faculta al gobierno de Juan Vicente Herrera para presumir de austeridad. En absoluto.

elblogdepedrovicente@gmail.com   11-11-2013