Un Patrimonio abandonado a su suerte

 Mientras la Junta y la jerarquía eclesiástica siguen estirando como un chicle “Las edades del hombre”, luciendo los tesoros artísticos de la Iglesia, buena parte del patrimonio monumental, tanto civil como religioso, de Castilla y León sigue abandonado a su suerte. Para contrariedad de la consejería de Cultura, la Lista roja del Patrimonio que elabora la asociación “Hispania Nostra” denuncia la dejadez oficial ante el problema.

 Castilla y León lleva muchos años a la cabeza de esa lista, que recopila los monumentos españoles en estado de abandono y, por ende, en fase de progresiva ruina. En el año 2009 teníamos 102 monumentos, dos  años después eran 137 y en la actualidad se elevan a 177, cifra que representa casi la tercera parte de ese infamante catálogo. Nos siguen a mucha distancia Andalucía, con 64 monumentos, y Aragón, con 61.

Castillo de Belmonte de Campos (Palencia)

Estamos hablando de castillos como los de Sepúlveda, Belmonte de Campos, Caracena, Laguna de Negrillos o Villalba de los Alcores, de monasterios como el de San Antón (Castrojeriz)  Santa Cruz de la Zarza, Santa María de Rioseco, San Pedro de Montes o Santa María la Imperial, de decenas de conventos, iglesias, palacios, torres, murallas, puentes y yacimientos arqueológicos que, de no ser objeto de intervención, seguirán deteriorándose hasta acabar desapareciendo. Su recuperación es posible como fue la del monasterio de Santa María de la Real, en Aguilar de Campoo, o como lo está siendo ahora el de Santa María de Palazuelos, en la provincia de Valladolid.

 Pero para ello se requiere una sensibilidad que en ningún momento ha mostrado la Junta hacia el Patrimonio histórico-artístico, que, según el Estatuto de Autonomía (art. 4), constituye uno de los “valores esenciales” en la identidad de Castilla y León que debe de ser “objeto de especial protección y apoyo”. Es cierto que todo el Presupuesto de la Junta resultaría insuficiente para atender las necesidades del ingente patrimonio monumental que atesora esta comunidad. Pero ya que se califica de “valor esencial”, lo menos se podía esperar es una dotación presupuestaria preferente que nunca ha tenido.

Enrique Sáiz

Lejos de corregir su insuficiencia, esa dotación se ha visto drásticamente mermada a causa de unos recortes presupuestarios que han sido inmisericordes con el patrimonio cultural. En cinco años la consejería de Cultura y Turismo ha visto reducido su presupuesto nada menos que un 56 por ciento, pasando de los 249 millones de euros de que dispuso en 2009 a los 109 millones con los que cuenta en 2014. Este desplome presupuestario ha dejado bajo mínimos los recursos de la dirección general del Patrimonio, en la que se mantiene, imperturbable, el arquitecto Enrique Sáiz, uno de esos "intocables" protegidos de Juan Vicente Herrera que ocupa el cargo desde 2.003, tiempo durante el que ha visto desfilar al frente de la consejería a Silvia Clemente, María José Salgueiro y Alicia García.

 Otro gallo nos hubiera cantado si la Junta hubiera cumplido la Ley del Patrimonio de Castilla y León aprobada por las Cortes en  2002, cuyo articulo 71 regula el “uno por ciento cultural”. Pero dicha medida, consistente en destinar al Patrimonio al menos el uno por ciento de lo invertido por la Junta en todas las obras públicas superiores a los 300. 506 euros, sigue sin aplicarse doce años después. Para colmo de males, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León (FPH), constituida en 1997, vive una situación de completa incertidumbre, habida cuenta de que sus mecenas no eran otras que las seis antiguas cajas de ahorro de la comunidad. Desaparecidas éstas, está por ver que ocurrirá con esa fundación común compartida con la Junta. Dada la penuria de recursos con la que han nacido algunas de las fundaciones herederas de la obra social de las antiguas cajas -la de Caja España-Caja Duero sigue sin constituirse- difícilmente van a poder mantener sus aportaciones a la FPH.

Humedades en el acueducto de Segovia

Del abandono público del Patrimonio monumental da buena idea el hecho de que el ayuntamiento de Segovia haya tenido que aceptar una subvención de 30.000 euros de Bankia para poder atajar con urgencia las humedades que están deteriorando el mismísimo acueducto, monumento declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Casi una humillación, teniendo en cuenta que Bankia mantiene hipotecado el Torreón de Lozoya, enseña de la antigua obra social y sede de la fundación Caja Segovia, como consecuencia del confuso préstamo solicitado por la extinta entidad de ahorro para hacer frente a una deuda tributaria.

Con esos módicos 30.000 euros, el banco que fagocitó a la caja provincial y mantiene hipotecada a la fundación heredera de su obra social, lava su imagen ante los segovianos. Y además de ello obtiene la contraprestación publicitaria de poder colocar cuatro carteles, dos de ellos en la zona mas concurrida por el turismo, para que se entere el mundo entero de su magnanimidad. Manda narices.

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