La Junta y su inagotable "factoría de ficción"

 Mientras los socialistas de Castilla y León siguen lamiéndose sus heridas –parece que ya sin exhibir públicamente sus miserias- la Junta y el PP han seguido sacando partido a la debilidad de la oposición. La convulsión interna vivida por el PSOE aquí y en toda España, unida a la contingencia institucional que ha supuesto el relevo en la Corona, le han venido de perlas al PP para camuflar el varapalo electoral sufrido en las pasadas elecciones europeas.

Juan Vicente Herrera y Dolores de Cospedal

 Ya dejamos constancia aquí de que el traspiés fue generalizado en toda España, sin que en Castilla y León se notaran los supuestos efectos taumatúrgicos que sus aduladores atribuyen a Juan Vicente Herrera. Para chasco del más desvergonzado de todos ellos, el PP obtuvo mejor resultado en la Castilla-La Mancha que gobierna la denostada Dolores de Cospedal. 
Aplazado "sine die" ese comité ejecutivo anunciado para analizar en profundidad los resultados del 25 de mayo en esta comunidad, ésta es la fecha y Herrera no ha añadido una palabra a la valoración de urgencia realizada la misma noche electoral. Es su vieja táctica de ignorar cualquier contratiempo, ya sea la incesante sangría demográfica, la liquidación de las cajas de ahorro o los incontables reveses  judiciales recibidos por el gobierno autonómico, incluidos los propinados por el Tribunal Constitucional.

Pero mientras el PP rumia en silencio un correctivo electoral que, a un año de las próximas elecciones municipales, ha encendido la luz roja en sus esferas de poder local -ojo también a las Diputaciones-, la Junta ha aprovechado lo que llevamos de junio para vender humo multicolor en cantidades industriales. La inagotable “factoría de ficción” alojada en la Consejería de la Presidencia no ha dado abasto en las últimas semanas, presentando nueva mercancía prefabricada con los materiales nada fiables de costumbre.

 Es el caso de ese anteproyecto de Ley de Transparencia que dicen que “va a ir más allá” de la normativa estatal en la materia, obligando a los 92 altos cargos de la Junta a realizar una declaración de bienes al llegar al cargo y otra al abandonarlo, así como a presentar en el mes diciembre su declaración anual de IRPF. Si existe esa voluntad, ¿a qué espera la Junta para aplicar ya mismo dicha medida, abriendo al conocimiento público la declaración que con la normativa actual ya estaban obligados a realizar los altos cargos cuando tomaron posesión?

Viñeta de "El Clavo" en "El  Día de Valladolíd"

  En lo que respecta al presidente de la Junta y a los consejeros que a su vez son procuradores, ¿por qué lo que aparece en la página web de las Cortes es un resumen deliberadamente incompleto de dicha declaración?  ¿Por qué seguimos sin saber lo que perciben por todos los conceptos el presidente y dichos consejeros con escaño en el “mausoleo”?  Ya no les hablo de la broma que supone presumir de “Gobierno Abierto” mientras se mantiene la opacidad más absoluta sobre infinidad de cuestiones, ni de la tomadura de pelo que supone invocar la ley de protección de datos para ocultar las escandalosas “bufandas” con las que se premia el servilismo y la discreción del personal “de confianza”.

Otro tanto puede decirse sobre el Proyecto de Reforma de la Administración Autonómica, que, lejos de atacar los graves vicios de politización, clientelismo y enchufismo, tanto en la misma Junta como en el mal llamado “sector público”, no hace otra cosa que perpetuarlos. Se mantiene el abusivo sistema que permite la existencia de más de 750 puestos de libre designación y no solo pervive el grueso de la Administración B, paradigma de despilfarro y enchufismo, sino que se abre un portillo para obligar a los funcionarios a prestar servicios en la misma. Afortunadamente, antes de que se perpetre dicha Ley, la Justicia ha tumbado una de sus más peligrosas innovaciones, las llamadas unidades de gestión clínica de los hospitales, al tiempo que ha obligado a la Junta a convocar la carrera profesional del personal sanitario suspendida por SACYL en 2010.

Manifestación en Burgos pidiendo el "rescate" del hospital

 Mientras la Junta sigue vendiendo ficción, la realidad es muy tozuda y los damnificados por los recortes sociales aplicados por el gobierno Herrera cada vez más numerosos. Que se lo pregunten a los 1.680 universitarios (el curso pasado habían sido 1.300) que, pese a reunir todos los requisitos, se acaban de enterar que no dispondrán de la beca solicitada al comienzo del curso. O a los miles de bercianos que el pasado miércoles se echaron a la calle en protesta por el cierre durante el verano de toda una planta de medicina interna del Hospital Comarcal del Bierzo

Un ahorro, el del cierre estival de camas hospitalarias, a costa de deteriorar la calidad asistencial que no se compadece con el espectacular sobrecoste del nuevo Hospital de Burgos, otro de los grandes fiascos del gobierno Herrera. Cerca de 10.000 burgaleses se manifestaron el pasado jueves para exigir a la Junta el rescate de la onerosa concesión realizada a favor del consorcio rebautizado como “Eficanza”, a cuyo frente permanece, para mayor escarnio social, José María Arribas, el ex presidente de Caja Burgos, quien se supone que algún día tendrá que aclarar ante la Justicia determinados episodios que precedieron a la liquidación en almoneda de la extinta entidad de ahorro.

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