Lo que faltaba por oír: Las Cortes de Castilla y León, "ejemplo de austeridad"

 La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Josefa García Cirac, mujer prudente y recatada donde las haya, de repente se nos ha venido arriba y ha puesto al Parlamento autonómico como “ejemplo de austeridad en todo el panorama nacional”. Literalmente. Tal como lo han leído. “Somos pioneros en el modelo de retribución de los parlamentarios, un modelo que ha sido tomado como ejemplo de austeridad y trasladado y asumido por otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha”. Fin de la cita, que diría el otro.

Josefa García Cirac

 Solo por el derroche que supuso la construcción y equipamiento de su actual sede, bautizada aquí como el “mausoleo”, resulta ya más que chirriante poner a las Cortes como ejemplo de austeridad. A estas alturas ni siquiera está claro cuanto ha terminado costando el edificio, ya que a los reformados y modificados de rigor que incrementaron notablemente el importe inicial de su adjudicación, hay que añadir posteriores obras (algunas bien recientes) para subsanar deficiencias que han disparado aún más el coste final. Y a buen seguro será difícil encontrar en el mundo mundial una cámara legislativa con mayor superficie útil por parlamentario.

Supongo que la actual presidenta se considera ajena a la desmesura de la sede, ya que ni siquiera era procuradora cuando se gestó y se ejecutó el “mausoleo”. De ello podemos hacernos cargo, pero lo de poner como ejemplo de austeridad el sistema retributivo de los procuradores es como mínimo una ligereza por parte de persona tan comedida como García Cirac.

 Ello parte de un supuesto falaz, cual es que tan solo 18 de los 84 miembros de la Cámara tienen asignado un salario: los cinco miembros de la Mesa, los portavoces titulares y adjuntos de los tres grupos parlamentarios y cuatro procuradores más. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Y es que, como desveló en su día “El topillo”, los otros 66 procuradores perciben asimismo una asignación fija establecida por sus respectivos grupos parlamentarios, que destinan a dicho estipendio una buena parte de la subvención que reciben del Presupuesto de las Cortes para costear sus gastos de funcionamiento. (Dicha subvención se compone de un mínimo igual para los tres grupos parlamentarios, al que se añade la cantidad de 3.000 euros mensuales por procurador).

Juan Vicente Herrera en su escaño de las Cortes

 Tenemos así que los procuradores del PP -incluidos el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y los seis consejeros que disponen de escaño (Tomás Villanueva, José Antonio de Santiago-Juárez, Pilar del Olmo, Silvia Clemente, Antonio Silván y Alicia García)- reciben del grupo popular un fijo de 1.500 euros mensuales con cargo a dicha subvención. Con una excepción: la del ex presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, quien percibe una cantidad superior que le permite permanecer en situación de excedencia en la plaza de que dispone en la Junta.

 En el caso de los procuradores socialistas dicho estipendio se reduce a 800 euros para aquellos que son portavoces de Comisión y 600 euros para el resto. Con lo cual resulta completamente falaz la afirmación de que solo disponen de sueldo los 18 procuradores con dedicación exclusiva (8 del PP, 8 del PSOE y los dos del grupo mixto). Si a ello se suman las dietas (180 euros por asistencia a pleno o comisión) y el correspondiente kilometraje desde su teórico lugar de residencia, los procuradores “rasos” del PP se levantan cerca de los 3.000 euros mensuales, en tanto que los del PSOE no salen por menos de los 2.000.

Capitulo aparte merece las “indemnizaciones” fijas con las que complementan su retribución 14 de esos 18 procuradores con dedicación exclusiva, ocho de los cuales (los 5 miembros de la Mesa y los portavoces de los tres grupos) perciben por dicho concepto 1.800 euros mensuales, cantidad que se reduce a 1.400 en el caso de los 6 portavoces adjuntos. Con dicho complemento, la retribución oficial de la presidenta se sitúa en 90.582 euros, la de los otros 4 miembros de la Mesa y los tres portavoces en 93.486 y la de los seis portavoces adjuntos en 88.686. Unas retribuciones todas ellas superiores a las del presidente de la Junta y los nueve consejeros del gobierno autonómico, a excepción de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien percibe el salario (superior a los 100.000 euros) que correspondería a su plaza de inspectora de la Agencia Tributaria, al que añade el referido “sobresueldo” de 18.000 euros anuales procedente del grupo parlamentario.

 Conocido todo lo cual, a juicio del que suscribe el sistema retributivo de las Cortes de Castilla y León dista mucho de resultar modélico. Y no entro a detallar otro tipo de retribuciones en especie, el uso de los coches oficiales o el conocido dispendio (dos dietas en lugar de una) que supone iniciar las sesiones plenarias por la tarde para prolongarlas al día siguiente, en lugar de celebrarlas en una sola jornada. Puede que desde que llegó la crisis en las Cortes no se despilfarre con tanta irresponsabilidad como antaño. Pero despilfarrar, se sigue despilfarrando. Y a las pruebas me remito.

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