La "regeneración" de Herrera, pura palabrería

 Después de varias semanas sin decir palabra al respecto, el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha intervenido en el curso de verano sobre "Prensa y Poder" que dirige en La Aguilera el periodista burgalés Graciano Palomo, foro en el que ha tenido a bien exponer sus particulares consideraciones sobre la necesidad de “regeneración democrática” de la vida pública española.

Juan Vicente Herrera en el curso "Prensa y Poder"

 Herrera -22 años encadenado a cargos públicos,  los 13 últimos presidiendo de la Junta-  por lo visto es de los que no se había percatado hasta las pasadas elecciones europeas de la “desafección ciudadana” hacia la clase política. (Se ha enterado tarde y además mal, ya que confunde,  no sé si deliberadamente, dicha “desafección” con el fuerte voto de castigo al bipartidismo).  El caso es que el doble presidente (de la Junta y del PP) aboga ahora “por más y mejor democracia”, por  “recuperar la mejor política, esa que abre caminos donde no los hay y que refuerza el contacto con la sociedad”, por la “dignificación” del oficio político, por ser “absolutamente intransigentes con los corruptos  y con los que buscan la política como para enriquecerse" y por asumir, faltaría más, valores como la honestidad, la austeridad, la vocación de servicio e, incluso, la renuncia personal.

 El mero hecho de verse obligado a subrayar tan loables propósitos supone por parte de Herrera el reconocimiento implícito de que la política y española de hno está respondiendo a dichos principios. Por si hubiera duda, ha señalado como objetivo el de conseguir que el ciudadano “sea un protagonista real y más directo de la política y de los partidos”, reconociendo por lo tanto que no lo está siendo. Y para ello propone, entre otras ideas, las de "favorecer la participación política de los mejores”, "abrir los partidos a los diversos sectores sociales”, “conseguir una vinculación más directa y personal de los cargos electos y orgánicos con los ciudadanos”, “proponer una racional limitación de los tiempos en política”, “impulsar fórmulas electorales más abiertas" y “reforzar los controles y la transparencia en la financiación de los partidos”.

Imagen de un pleno de las Cortes

 Pura palabrería hueca y huera sin un solo compromiso concreto. ¿A qué llama Herrera una “racional limitación de los tiempos en política”, él, que va a cumplir 14 años como presidente de la Junta, sin que a fecha de hoy haya renunciado a presentarse a un nuevo mandato? Lo cierto y verdad es que a finales de junio, en el pasado debate sobre el estado de la comunidad, el presidente de la Junta eludió el menor compromiso sobre las propuestas realizadas por el socialista Óscar López en esa misma línea de “regeneración democrática”.
 Y en el turno de debate de las resoluciones, el grupo popular contestó a una de ellas -la de suprimir el aforamiento de los procuradores- condicionándola a la reducción del actual número de escaños en las Cortes, como si una cosa tuviera algo que ver con la otra. Si a esta inaceptable condición, se añade la omisión sobre el particular en las “propósitos” enunciados en el foro de La Aguilera, la conclusión es que Herrera no está nada por la labor de que los procuradores pierdan su actual aforamiento. Él sabrá por qué y no tampoco es difícil entenderlo. Ciertamente, a los dos antiguos consejeros de su gobierno envueltos en casos judiciales, María Jesús Ruíz y José Manuel Fernández Santiago, no les fue nada mal en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

 Por más que presuma de esa ficción denominada “Gobierno Abierto”  -de la broma del 100 por 100 en transparencia ya ni hablamos-, la realidad es que Herrera ha contribuido lo suyo, sea por acción o por omisión, a ese déficit democrático que ahora tanto le preocupa. Con la coartada de la austeridad ha debilitado y sometido a su control las instituciones de participación y fiscalización de la propia Junta, llegando al descaro de impedir que el Consejo de Cuentas fiscalice el tinglado del llamado sector publico de la comunidad, también conocido como “Administración B”.

Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid

 Se ha opuesto en sus 13 años de gobierno a todas y cada de las comisiones parlamentarias de investigación solicitadas por la oposición, impidiendo que se esclarezcan en las Cortes las muchas sombras que han rodeado asuntos como el del Hospital de Burgos y la Ciudad del Medio Ambiente. No ha asumido ninguna responsabilidad -es más, ni se ha dignado en pedir disculpas- ante las distintas sentencias del Tribunal Constitucional que han tumbado ya varias actuaciones de la Junta indebidamente tramitadas, caso de la mentada Ciudad del Medio Ambiente. No se ha dado por concernido ante la liquidación en almoneda de las seis antiguas Cajas de Ahorro, proceso a cuyo ruinoso desenlace ha contribuido pel gobierno que preside por activa, por pasiva y por perifrástica. Y así podíamos seguir hasta aburrir.

 Por supuesto, ha mantenido y mantiene en sus puestos a los diversos altos cargos de la comunidad -en estos momentos dos directores generales de la Junta- imputados en causas judiciales por presunta corrupción. Y a propósito, una última pregunta dirigida en este caso al presidente del PP de Castilla y León: ¿Piensa que contribuye a dignificar la política el hecho de que un alcalde como el de Valladolid, Javier León de la Riva, no abandone el cargo antes de tener que sentarse en el banquillo acusado de desobediencia a las resoluciones judiciales?  

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