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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 27 de abril de 2015

Herrera y sus golpes de pecho ante la corrupción

 Juan Vicente Herrera, político tenido por prudente -calificativo que yo cambio por el de pusilánime-, ha venido cometiendo la osadía de proclamar que Castilla y León no figura en el mapa de la corrupción en España. Lo hizo en una de las últimas sesiones de las Cortes y lo ha seguido haciendo durante la precampaña electoral. Según su percepción, esta comunidad esta exenta de esa lacra que tanto envilece la política, mancilla la vida publica, indigna al ciudadano y deslegitima a gobernantes e instituciones.


 En un hombre de 59 años, que lleva 26 de ellos en la política autonómica -los 14 últimos presidiendo el gobierno de la comunidad- esa jactancia resultaba temeraria. Una de dos: O el presidente de la Junta vive en un mundo ajeno al del común de los mortales o nos toma a todos sus conciudadanos por completos imbéciles sin capacidad de ver, oír y discernir..

"Michel" Méndez Pozo y Juan Vicente Herrera
  Desgraciadamente para todos, Castilla y León se hizo presente muy pronto en el mapa de la corrupción política en España. Y no fue por el “caso Pekus”, aquel que le costó dimitir al primer presidente de la comunidad, el socialista Demetrio Madrid, posteriormente absuelto. Fue por el  “caso de la minería”, en el que el Tribunal Supremo condenó por un delito de prevaricación continuada a Miguel Pérez Villar , el que fue consejero de Economía en el gobierno formado por José María Aznar tras ser investido presidente de la Junta en 1987. Un caso de corrupción sobre el que el señor Herrera no puede alegar ignorancia, ya que fue secretario general de la consejería de Economía entre 1992 y 1995, año éste último en el que se produjo la sentencia condenatoria del Supremo.

 Esa fue la primera condena de un alto cargo de la Junta, pero no el primer caso de corrupción en Castilla y León, ya que antes, en 1992, la Audiencia Provincial de Burgos había condenado al entonces alcalde José María Peña y al promotor Antonio Miguel Méndez Pozo por el llamado “caso de la construcción”. ¿Será posible que el señor Herrera,  en aquellos años abogado ejercíente en Burgos, no recuerde aquel escándalo de dimensión nacional?

 Además de engendrar “el caso de la minería” y de verse salpicado por el “caso de la construcción”, en su breve paso por Castilla y León Áznar también se vió implicado el “caso Zamora”, en el que el actual presidente de la Junta también jugó un papel. Cuando salió a la luz el escándalo, año 1997, el entonces portavoz del grupo popular en las Cortes recibió el encargo desde la calle Génova de realizar una investigación interna sobre el caso. 
 Aquel informe fue muy concluyente a la hora de exculpar a Áznar (en ese momento presidente nacional del partido) y sin embargo muy ambiguo respecto a la trama dirigente del PP zamorano, sobre la que su autor se cuidó mucho de poner la mano en el fuego. Pese a que un juez lo acabó dando carpetazo, las pruebas sobre los amaños en la licitación de obras públicas adjudicadas por la Diputación de Zamora eran abrumadoras, un modus operandi muy parecido por cierto al que veintitantos años después ha aflorado en Salamanca.

Luis Alberto Solís
 Aznar tuvo tiempo de todo eso y también de organizar una presunta trama de recaudación de comisiones por obras adjudicadas desde determinados direcciones generales de la Junta. Uno de esos directores generales llegó a ser conocido como “mister 5 por ciento”. Su sucesor en la dirección general, Luis Alberto Solís, nombrado en 1995, continúa en el cargo 20 años después, habiendo sobrevivido a cuatro consejeros diferentes: Jesús Merino, José Luis González Vallvé, José Manuel Fernández Santiago y Antonio Silván.

Después de haber salido indemne, junto a Fernández Santiago, del fleco de la Gürtel (Variante de Olleros de Alba) juzgado por el Tribunal Superior de Justicia, Solís está actualmente imputado por el presunto amaño de la adjudicación del contrato de dirección de las obras de la variante de Guardo. Fue aquel caso que salió a la luz el 20 de junio de 2012, cuando agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) irrumpieron por sorpresa en la sede de la consejería de Fomento y se llevaron detenida a una funcionaria adscrita a la dirección general de Carreteras.

Puede parecer exagerada la afirmación del socialista Luis Tudanca, según la cual Castilla y León se ha convertido "en el epicentro de la corrupción en España”. Pero desde luego lo que insulta la inteligencia ajena es la postura de Juan Vicente Herrera, negando lo evidente y a la vez dándose golpes de pecho ante escándalos como el de la "trama eólica" destapada la pasada semana por el diario “El País”.

Desde aquellos lejanos casos de la construcción y de la minería, la corrupción nunca ha dejado de estar presente en Castilla y León. Y aunque hasta ahora han sido pocos los casos que se han podido sustanciar judicialmente, alguno ha habido. Como el que mantiene actualmente en prisión al ex alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, cuyas fechorías fueron cometidas siendo militante del Partido Popular. Pero mientras unas comunidades han llevado la fama, en otras se ha cardado mucha lana. Y con el tiempo las vergüenzas han comenzado a salir al aire.

La "Perla Negra", edificio por el que la Junta pagó 70 millones
¿Cómo se puede tener la impostura de excluir a la Junta del mapa de la corrupción después de conocerse el auto de apertura de juicio oral del “caso Gurtel”, en el que el juez Ruz describe las influencias ejercidas por la trama sobre distintos cargos públicos de la comunidad de Castilla y León “para obtener adjudicaciones públicas (…) a cambio de la entrega a dichos cargos de gratificaciones en efectivo? ¿Cómo puede excluirse a Castilla y León de la “operación Púnica” cuando el que era presidente de la Diputación, Marcos Martinez Barazón, fue detenido en su despacho y permaneció durante mas de un mes en prisión hasta quedar en libertad bajo fianza?

 Año y medio lleva informando la Cadena Ser sobre la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción numero 2 de Valladolid en relación con los multimillonarios pelotazos inmobiliarios perpetrados a costa de las antiguas empresas publicas Gesturcal y ADE Parques. Un caso que llegó a dicho Juzgado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que detecta en dos operaciones conexas -la compra de la “Perla Negra” y la adquisición de  terrenos destinados a un inexistente parque empresarial en Portillo- unos sobrecostes superiores a los 50 millones de euros en beneficio de determinadas empresas privadas. Al parecer, al presidente de la Junta no le llamó la atención que la policía judicial se personara en la “Perla Negra” el lunes santo de 2014 recabando documentación sobre esas truculentas transacciones. Y tampoco ha reparado en el hecho de que esos escandalosos sobrecostes solo se han podido producir con la connivencia de la parte pública contratante.

 Resultado de esa investigación ha sido la reciente imputación de 26 personas, entre los que figuran antiguos consejeros y administradores de dichas empresas públicas (con la extraña excepción de la que fuera presidenta tanto de Gesturcal como de ADE Parques, la actual viceconsejera de Economía, Begoña Hernández). Un listado en el que, a falta de la mencionada, aparecen seis actuales altos cargos de la Junta. Y la única respuesta Herrera ha sido la de poner la mano en el fuego por todos ellos, inicialmente incluso por los dos ex altos cargos de la consejería de Economía, Rafael Delgado y Alberto Esgueva, que aparecen en el centro de esa trama.

Rafael Delgado, Tomás Villanueva y Alberto Esgueva
  Por si faltaba poco, “Formato” y “Cartones”, como les ha motejado el columnista Ernesto Escapa en su artículo “Turbios peajes”, aparecen también en el meollo de la “trama eólica” detectada por la Agencia Tributaria, y cuya revelación ha puesto definitivamente en la picota al consejero de Economía, Tomás Villanueva. En la picota por ser, como mínimo, responsable político “in vigilando” de las turbias operaciones urdidas desde altos despachos de su consejería.

 Y Herrera, que fue quién puso a Villanueva al frente de la consejería y ahí le ha dejado hacer y deshacer durante 12 años, no puede eludir esa misma responsabilidad política. En lugar de seguir dándose golpes de pecho y escandalizarse como si todo esto le pillara de nuevas, tiene que dejar de mirar para otro lado y empezar a apartar manzanas podridas de su alrededor. De lo contrario, estará mimetizándose con esa insoportable corrupción que tanto dice que le aflige.