Un desliz de "pato cojo"

A falta de argumentos más sólidos para defenderse de la oposición, Juan Vicente Herrera y el PP han rastreado siempre en el pasado político de los sucesivos líderes socialistas de Castilla y León para desautorizar sus posiciones, ya fueran sus críticas a la gestión del gobierno de la comunidad o simplemente sus propuestas políticas alternativas. A Óscar López no se cansaron nunca de recordarle todas las ocasiones que como diputado del Congreso había secundado todo tipo de leyes y actuaciones del gobierno Zapatero al parecer terriblemente lesivas para los intereses de esta comunidad autónoma. Y la historia se está repitiendo con Luis Tudanca, cuyo paso por el Congreso está siendo igualmente utilizada por Herrera y los suyos para descalificar sus planteamientos, por ejemplo con respecto a la minería del carbón, responsabilizándole del marco europeo aprobado hace cinco años que dio paso al actual proceso de liquidación del sector (eso sí, acelerado a marchas forzadas desde que Rajoy tomó el relevo de Zapatero).

Juan Vicente Herrera y José Manuel Soria

 El PP podrá seguir desviando culpas al PSOE, que sin duda las tiene, pero después de casi 4 años asfixiando a la minería de la forma que lo ha hecho el ministro José Manuel Soria, ya no cuela su intento de eludir responsabilidades. Y menos ante la pelota que los socialistas han puesto en su tejado, aprovechando la profunda brecha abierta entre el gobierno Herrera y el de Rajoy a cuenta de la crisis del carbón. Me refiero, claro está, a esa endiablada enmienda sobre el llamado “céntimo verde” que ha colocado a los 28 senadores castellano-leoneses del PP (26 electos por sus respectivas provincias y 2 designados directamente por las Cortes de Castilla y León) entre la espada de Rajoy y la pared, por no decir el “paredón”, de Herrera.

Al presentar esa enmienda,  el grupo socialista del Senado no ha hecho otra cosa que hacer suya la iniciativa de la Junta de Castilla y León de incorporar a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 dicho “céntimo verde”, consistente en aplicar, en principio hasta que finalice 2018, una exención del 80 por ciento en el Impuesto Especial sobre el Carbón, medida que incentivaría su consumo y con él la producción y la actividad de las cuencas mineras.

Antolín Sanz indicando el voto a los senadores del PP

Sin embargo, el grupo popular del Senado, al que la Junta había encomendado dicha iniciativa, declinó presentar dicha enmienda ante la oposición del ministerio de Industria, que alega que dicha exención contraviene la normativa europea en materia de fiscalidad. Y es en ese momento cuando el grupo socialista entra en acción y presenta una enmienda en los términos que pretendía el gobierno Herrera, que había basado su iniciativa en un informe jurídico encargado a un catedrático de Derecho Financiero y Tributario según el cual el dicha exención “cumple todos y cada uno de los requerimientos que establece la Comisión Europea sobre Ayudas Estatales en materia de protección del Medio Ambiente y Energía 2014-2020”.

 Pese a dicha discrepancia jurídica, el dictamen de Industria había salvado la cara a los senadores del PP de Castilla y León si no fuera porque en el pasado pleno de las Cortes el presidente de la Junta no pudo contener su monumental cabreo ante este nuevo encontronazo con el ministerio de Soria y se metió en un auténtico jardín. «Yo no soy senador. Si lo fuera sabría qué tengo que votar en coherencia con lo que  acabo de decir, no le quepa duda. Algunos tenemos dignidad estando en la política», dijo Herrera sobre la enmienda socialista,  contraponiendo con tan sorprendente apelación la disciplina de partido a la “dignidad política”.

Dionisio Gª Carnero y Fernando Martínez Maillo

 De natural pusilánime, Herrera no se ha atrevido a lanzar el órdago de pedir a los 28 senadores que apoyen dicha enmienda. Lo perdería por goleada. Justo cuando el PP tiene pendiente de confeccionar sus candidaturas a las próximas generales, cuestión que pasa por el tamiz de  la calle Génova, salvo aquel que se vea complemente desahuciado -caso de la vallisoletana Ana Torme, quien ha anunciado su retirada de la carrera sabiendo de antemano que ya no tenía la menor posibilidad de repetir-, ninguna de sus señorías apoltronadas en la Cámara Alta se iba a hacerse el “harakiri” rebelándose contra el gobierno Rajoy. Ya lo hizo en su día el leonés Juan Morano con los resultados conocidos. 
Algunos, como el incombustible Dionisio García Carnero (senador desde 1993 con una legislatura de "carencia" debido a su imputación judicial en el "caso Zamora"), la burgalesa Begoña Contreras (tres legislaturas) o, como no podía ser de otra forma, el abulense Antolín Sanz (22 años en el escaño y actual secretario general del grupo parlamentario) se lo han dejado muy clarito a un presidente autonómico que se está convirtiendo a pasos agigantados en lo que los norteamericanos conocen como el “pato cojo”. Ni siquiera los dos senadores del PP designados directamente por las Cortes regionales, los sorianos Juan José Lucas y Mar Ángulo, parece que se hayan sentido concernidos por la apelación de Herrera.

Aparte de dejar muy tocada la autoridad interna del presidente del PP de Castilla y León, el episodio ha dejado claras otras dos cosas. Una es que la relación entre el gobierno Herrera y el eje Moncloa-Génova sigue deteriorándose día a día sin queda nadie lo remedie. La otra es que a los castellanos y leoneses de nada nos sirve que ésta sea la comunidad autónoma que dispone de mayor número de senadores (39 en total): Para una vez que su voto podía servir para algo, los del PP no tienen agallas para hacerlo valer. En realidad, esta última constatación resulta redundante, ya que en realidad lo que no sirve absolutamente para nada es el Senado por entero.

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