lunes, 8 de febrero de 2016

Compás de espera y hoja de ruta averiada

 Una semana después de que Pedro Sánchez asumiera el compromiso de someterse a un debate de investidura, la única certeza existente es que en España no va a ocurrir lo que sucedió tras las elecciones de 2010 en Bélgica, donde estuvieron 541 días bajo un gobierno en funciones por falta de mayoría parlamentaria para reemplazar al anterior (curiosamente, a los belgas no les fue mal del todo en ese año y medio, bastante mejor desde luego que a los españoles, portugueses, griegos e irlandeses, el grupo bautizado despectivamente por la prensa anglosajona con el acrónimo de los PIGS). Es decir, que, caso de que fracase en el intento, Sánchez habrá prestado el servicio de poner en marcha el plazo hacia la repetición de las elecciones.


Pedro Sánchez
 Todo lo demás sigue envuelto en la más absoluta de las nebulosas. La primera ronda de contactos con otras fuerzas mantenida por el candidato socialista ha seguido discurriendo por contornos puramente tacticistas, por parte de él mismo -que ha dado prioridad a una negociación con Albert Rivera que desemboca en vía muerta- como del resto de los interlocutores. Los vetos cruzados y líneas rojas siguen siendo básicamente los mismos y no parece que vayan a levantarse fácilmente, al menos por parte de Podemos y Ciudadanos, partidos que se excluyen entre sí para compartir, no ya un acuerdo de gobierno, sino un pacto de legislatura.

En realidad, como, salvo la fuga al grupo mixto del cunero-comisionista Gómez de la Serna, la correlación de fuerzas en el hemiciclo del Congreso sigue siendo la que es, la aritmética no da para más. Y hoy por hoy la única combinación viable sería la suma de PSOE, Podemos y sus confluencias, IU y PNV (167) votos, que superaría el voto negativo de PP y Ciudadanos (163), siempre que los soberanistas catalanes (17) se abstuvieran. Y aún así. esta última abstención constituye una línea roja marcada por el Comité Federal del PSOE, aunque quedaría en agua de borrajas si Esquerra y la antigua Convergencia no desvelan el sentido de su voto hasta la misma sesión de investidura.

 Así las cosas, la única opción viable pasa indefectiblemente por el pacto entre PSOE y Podemos. Y la duda razonable es si ambos tienen verdadera voluntad de alcanzar un acuerdo o en realidad van a escenificar un simulacro de negociación sabiendo de antemano que no llegará a ningún lado. Se trataría únicamente de responsabilizar al contrario de la falta de acuerdo con el único propósito de sacar ventaja de ello en la perspectiva de tener que repetir las elecciones.

Albert Rivera y Pablo Iglesias, agua y aceite
 Tras los resultados del 20-D, se daba por hecho que una repetición de las elecciones perjudicaría al PSOE y beneficiaría a Podemos, que, a poco que fagocitara al electorado de IU, tendría a su alcance el “sorpasso”. Pero, ante los problemas sobrevenidos que tendría Pablo Iglesias para reeditar las llamadas confluencias -de momento los cuatro diputados de Compromis están en el grupo mixto y Ada Colau anuncia un partido propio en Cataluña- ya no está tan claro que a Podemos le interese repetir los comicios.

 Por el contrario, Pedro Sánchez, que parecía desahuciado dentro de su propio partido, ha conseguido neutralizar a los barones y demás notables que le tenían sentenciado. Al punto de que, si no consiguiera la investidura, es muy difícil que tuviera rival en las primarias internas a convocar para elegir al candidato socialista a la presidencia del Gobierno (Susana Diaz y compañía tendrían que resignarse y posponer la batalla a un congreso federal que automáticamente quedaría aplazado). Aunque fracase en el intento de alcanzar La Moncloa, Sánchez tiene todas las papeletas para volver a ser el candidato, algo que hasta hace una semana parecía harto improbable.

 Por su parte, Mariano Rajoy, como claramente se vió durante su pasada visita a Valladolid, ya no contempla otra opción que la de repetir las elecciones, por supuesto sin apearse del cartel electoral. Y desde el pasado fin de semana el PP ha entrado ya en abierta precampaña, anunciando urbi et orbi con toda su trompetería la Apocalipsis que supondría un gobierno emanado de un pacto del PSOE con ese especie de “eje del mal” que para los populares son Podemos, sus confluencias y los nacionalistas en general, sean o no independentistas.

  Ni que decir tiene que lo que se cuece en Madrid condiciona la política en esta y en todas las demás comunidades autónomas. Sin ir mas lejos, la marcha atrás del PSOE para restablecer el pacto que ha permitido ampliar la Mesa de las Cortes no se habría producido de no haber mediado el toque de Ferraz a Luis Tudanca para evitar una nueva afrenta a Podemos justo en vísperas de que Sánchez e Iglesias comenzaran a romper el hielo de la negociación.

Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca
 Mientras Juan Vicente Herrera simula que suspira por la continuidad de ese gobierno que tanto le ha ninguneado a él y tantos agravios ha infligido a Castilla y León, lo cierto es que la hoja de ruta política que diseñó la Junta a finales de julio sobre la base de cuatro pactos de comunidad está seriamente averiada.
 Ya advertimos aquí que plantear en las actuales circunstancias una amplia reforma del Estatuto de Autonomía era algo completamente extemporáneo, máxime cuando los dos únicos aspectos imprescindibles de modificar -el número de procuradores y su sistema de elección, así la supresión del aforamiento- pueden solventarse mediante una simple reforma exprés. Tampoco tiene sentido marear sobre el sistema de financiación autonómica cuando el consenso básico sobre este capitulo ya existe y la negociación del nuevo modelo no se planteará hasta que haya otro gobierno en Madrid.

Ni siquiera el controvertido proceso de Ordenación Territorial, emprendido con el consenso inicial de PP y PSOE, tiene garantizada su llegada a puerto. Mucho va a tener que cambiar el mapa de 176 Unidades Básicas Rurales diseñado desde los despachos de la consejería de la Presidencia para obtener el visto bueno de los socialistas, el cual resulta imprescindible habida cuenta de que la aprobación requiere mayoría de dos tercios en las Cortes. Y ello a expensas de que la Ley Montoro no resulte derogada, tal como llevaban en su programa PSOE y Podemos.

 Queda de esa pretendida hoja de ruta un “pacto para la reindustrialización” que la Junta tiene ahora mucha prisa en impulsar después de haber dejado pasar dos años sin poner en marcha el Plan Director y de Promoción Industrial contemplado en la Ley de Industria aprobada exclusivamente con los votos del PP. Y no será por haber escatimado recursos para promover polígonos industriales incluso donde ninguna falta hacían…