Hace dos
años, en abril de 2015, Juan Vicente Herrera se jactó ante el pleno de las
Cortes de que Castilla y León no figuraba en el mapa de la corrupción española.
En un político tenido por prudente, tal afirmación resultaba ciertamente osada,
ya que faltaba groseramente a la verdad histórica.
En un post titulado “Herrera y sus golpes de pecho ante la corrupción”, desde
aquí tuvimos que recordarle al desmemoriado presidente el largo capitulo de
casos turbios en los que se ha visto envuelto el gobierno de esta comunidad
autónoma en sus mas de tres décadas de existencia. Un negro historial que
comenzó con el llamado “caso de la
minería”, de resultas del cual el Tribunal Supremo condenó por un
delito de prevaricación continuada a Miguel
Pérez Villar, el que fuera consejero de Economía en el gobierno autonómico
presidido por José María Aznar.
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| Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera |
Pero lo más sorprendente es que Herrera se
permitiera excluir a Castilla y León del mapa de la corrupción cuando en ese
momento seis altos cargos de su gobierno ya estaban imputados en la
investigación abierta por el Juzgado de Instrucción numero dos de Valladolid en
relación con los multimillonarios sobrecostes pagados por el edificio denominado
Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Una
actuación judicial emprendida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción
Y no eran estas turbias operaciones
perpetradas por las empresas publicas Gesturcal y ADE Parques los únicos casos
de corrupción que planeaban sobre la consejería de Economía, al frente de la
cual permanecía Tomás Villanueva, nombrado por Herrera en el
año 2003. Pocas fechas antes, el diario “El País” había desvelado un informe de
la Agencia Tributariala Fiscalía
Anticorrupción
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| Rafael Delgado y Alberto Esgueva |
Según la querella, tras atribuirrse irregularmente la facultad última de autorizar los parques, entre 2005 y 2011 Delgado condicionó su concesión favoreciendo presuntamente los intereses del entramado empresarial de Esgueva y otra serie de empresas, entre ellas varias filiales de Iberdrola. Los damnificados por la discrecionalidad de las concesiones eran otros promotores, que se veían forzados a ceder participación a determinadas sociedades a cambio de que sus proyectos fueras desbloqueados. Uno de estos promotores“extorsionados” denunció su situación al presidente de
Mediante su
alianza con una de estas filiales, el ex director de Excal obtuvo una plusvalia
superior a los 47 millones de euros, un beneficio que Anticorrupción califica
como “desproporcionado, carente de justificación económica y ajeno a toda
lógica empresarial”. Junto a cuatro directivos vinculados a Iberdrola, entre
los querellados figuran los hermanos Llorente Muñoz, propietarios de la
constructora Collosa, habitual en las adjudicaciones de obra pública de la Junta.
La querella
de la Fiscalía Anticorrupciónla Junta , por el primero de los
cuales, Perla Negra-Portillo, va a tener que testificar próximamente la
consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.
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| Edificio conocido como la Perla Negra |
Además de
mantener en sus puestos a los seis altos cargos investigados y proporcionarles
asistencia jurídica, la Junta
no se ha personado en el caso Perla Negra hasta que estalló el escándalo
añadido del contrato sobre mobiliario y señalética adjudicado en 4,4 millones de
euros a la empresa Unifica,
casualmente la misma que cobró en negro la reforma de la sede del PP en la
calle Génova. Y no parece que se haya personado para ejercer la acusación, sino
justamente para lo contrario. A lo cual se añade el impúdico bloqueo por parte
del PP de la comisión parlamentaria constituida precisamente para investigar en
las Cortes la “trama eólica” y el doble caso “Perla Negra”-Portillo, paralizada hace más de un año, justo a raíz de que la oposición solicitara la comparecencia ante la misma
del propio Herrera.
Si el presidente de la Junta no lo tenía aún claro,
la Fiscalía Anticorrupción