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Cuando abrí este blog llevaba 30 años ejerciendo el periodismo en Castilla y León, todo ese tiempo siguiendo la actualidad politica regional y, en particular, las andanzas de las instituciones autonómicas. Una excitante experiencia que, después de un paréntesis técnico, vuelvo a compartir con quienes se dejen caer por aquí.

lunes, 19 de junio de 2017

Sánchez impone y premia lealtades

En el fragor de las primarias se abrió paso la idea de que la fractura e el seno del PSOE era irreversible, se aseguraba que Susana Díaz y Pedro Sánchez encarnaban modelos irreconciliables y que, fuera cual fuera el resultado, el bando perdedor acabaría protagonizando una escisión. Nunca sabremos si tal augurio se hubiera cumplido si la ganadora hubiera sido Susana Díaz, pero lo cierto es que el 39 congreso del PSOE ha restituido a Pedro Sánchez sin ningún viso de que esos apocalípticos presagios se vayan a cumplir.

El hecho de que cerca del 30 por ciento de los delegados no haya respaldado a los nuevos órganos federales indica que no se ha producido el impostado cierre de filas con el que tan a menudo los partidos políticos escenifican la superación de sus contiendas fratícidas. Pero ni el grado de virulencia alcanzada permitía tan pronta reconciliación, ni Sánchez ha hecho el menor esfuerzo por integrar al bando susanista. Desde el primer momento apostó por una Ejecutiva de su plena confianza y sin barones territoriales, huyendo deliberadamente de la clásica integración al uso, limitada en este caso a la figura de Patxi López, el hijo prodigo que jugó el papel de "casco azul" en la confrontación a tres.

Óscar Puente
Con esas premisas, el 70,5 por ciento de respaldo entre los delegados constituye sin duda un plus de legitimidad para Sánchez, quien se alzó vencedor de las primarias con el apoyo del 50,2 por ciento de la militancia. Y es de toda lógica que quienes no se sienten representados en esa Ejecutiva Federal "monocolor" hayan optado por el voto en blanco. Tan cierto es que las  heridas están muy recientes como que, decretado el cese de las hostilidades,  el restituido secretario general dispone de manos libres para pilotar ese nuevo rumbo que pretende imprimir al partido. 

Y en esa nueva Ejecutiva Federal, ampliada a 49 miembros, tienen presencia cinco socialistas de Castilla y León, una cuota claramente por encima de lo que representa la militancia de la comunidad en el conjunto del partido. Especialmente relevante es el nombramiento del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, como Portavoz de la Ejecutiva, lo que, al tiempo que le sitúa en el núcleo duro de Ferraz, impulsa la proyección mediática ya adquirida y le convierte de hecho en el máximo referente nacional de los socialistas de Castilla y León. Todo ello sin que tenga -ni a corto ni a medio plazo- la menor intención de dar el salto pleno a la política nacional, ya que anuncia que piensa optar de nuevo a la Alcaldía no solo en 2019 sino también en 2023. La alternancia de ambos cargos, alcalde y portavoz federal el partido, constituye una novedad sin precedentes cuyo resultado el tiempo se encargará de evaluar.

Junto a Puente debutan  en la Ejecutiva otros dos puntales de Sánchez en la comunidad: la diputada palentina Mari Luz Martín Seijo, secretaria ejecutiva de Universidades y Educación, y el secretario provincial del PSOE en Valladolid, Javier Izquierdo, que se ocupará de la secretaría ejecutiva de Formación. ambos de inquebrantable fidelidad a Sánchez. El de Martín Seijo fué el único “no” socialista que se alzó en el Congreso de los Diputados contra la investidura de Mariano Rajoy, E Izquierdo, que no figuraba en las quinielas, ha sido uno de los escasos secretarios provinciales que en las primarias hizo campaña abierta a favor del ya otra vez secretario general.

Izquierdo, Puente, Seijo, Tudanca, Iratxe y García del Blanco
Además de incorporar a Puente, Martín Seijo e Izquierdo, Sánchez ha repescado a los dos castellano-leoneses que cayeron con él en la Ejecutiva derrocada en el borrascoso Comité Federal del 1 de octubre. La eurodiputada Iratxe García vuelve como secretaria ejecutiva responsable de la Unión Europea, quedando por ver si recupera la presidencia de los eurodiputados socialistas españoles, a la que renunció tras el nombramiento de la gestora. El otro repescado es el leonés Ibán García del Blanco, secretario de Cultura -y posteriormente, también de Movimientos Sociales- en la anterior Ejecutiva. García del Blanco, quien en enero había anunciado su retirada de la política activa, reapareció tan pronto como Sánchez activó su candidatura a las primarias. Su regreso a la Ejecutiva le convierte en eventual candidato a suceder a Óscar López como senador por la comunidad autónoma, escaño que ya ocupó entre 2012 y 2014.

Presencias en la Ejecutiva al margen, quien sale muy fortalecido del Congreso Federal es el secretario autonómico, Luis Tudanca, quien, a propuesta de Sánchez, ha ejercido como presidente del cónclave socialista. Ello ha supuesto todo un espaldarazo público del nuevo secretario general a uno de los pocos barones territoriales que, aunque haya sido de tapadillo, le ha sido leal durante todo el proceso. Del simbolismo que conlleva presidir un congreso da idea el hecho de que en el de 2014 recayera dicho papel en Susana Díaz, la secretaria general de la federación socialista más numerosa.

Tudanca durante la apertura del Congreso
Tudanca regresa además de dicho cónclave virtualmente reelegido al frente del PSOE de Castilla y León, ya que el plazo establecido para presentarse a las primarias previas al congreso autonómico concluye hoy sin que  haya concurridoo ningún otro precandidato. Tan solo tendrá que tomarse la molestia de recoger los preceptivos avales (el 10 por ciento de los 9.629 militantes socialistas), presentarlos y esperar su proclamación el próximo 1 de de julio. A diferencia de lo ocurrido en 2014, cuando tuvo que disputar unas primarias a cara de perro con Julio Villarrubia, Tudanca repite en el cargo sin necesidad de medirse a ningún candidato. Derrotado en ocho de las nueve provincias, el susanismo se ha batido completamente en retirada.

Así las cosas, el congreso autonómico del PSOE, a celebrar a mediados de julio en Zamora, se presenta exento de mayores tensiones internas. Lo previsible es que Tudanca, a semejanza de Sánchez, opte por formar una nueva Ejecutiva de su total confianza que le garantice la cohesión que no ha tenido la actual. Ello conllevará una amplia renovación que obviamente empezará por la presidencia ostentada desde el anterior congreso por la diputada vallisoletana Soraya Rodríguez.

Con el horizonte fijado en las elecciones de 2019, es muy posible que tras el congreso autonómico se aborde algún reajuste interno en la dirección del grupo parlamentario de las Cortes. Y desde luego se despejará, si no se hace antes, la incógnita sobre el escaño de Óscar López, cuya continuidad está abiertamente cuestionada. “No debe seguir como senador autonómico porque lleva ya bastante tiempo fuera del proyecto de Castilla y León y tampoco está en el de Pedro Sánchez”. Así de claro se manifestaba hace unos días Óscar Puente, el ahora flamante Portavoz de la Ejecutiva Federal. 

elblogdepedrovicente@gmail.com  

lunes, 12 de junio de 2017

El problema no era la bicefalia, es la corrupción

  El pasado 1 de abril, día de su congreso autonómico, el PP de Castilla y León se conjuró para que la bicefalia no agudizara la fuerte tensión interna que afloró durante unas primarias en las que Alfonso Fernández Mañueco se alzó con una aplastante victoria que dejó con un palmo de narices a Juan Vicente Herrera. Dado el proceloso mar de fondo existente entre una amplia mayoría del partido y la élite instalada en el gobierno de la comunidad, el temor no era infundado. Pero por encima del mismo se imponía el pragmatismo. Ni a Mañueco ni a Herrera les interesaba andar a la greña, al menos públicamente.

Fracasado en su intento de tutelar su sucesión, el segundo se había resignado a agotar su mandato hasta las elecciones de 2019 y, desprovisto de la presidencia del partido y de la del grupo parlamentario, su única aspiración era la de preservar su autonomía como presidente de la Junta y llegar con su actual gobierno hasta la cita electoral.
Mañueco y Carnero en el congreso del PP de Valladolid
 Por su parte, Mañueco, virtual candidato a la presidencia de la Junta, decidió que lo urgente era esperar. Esperar pacientemente a que Herrera agote su mandato, evitando discordias internas que en nada beneficiarían a su candidatura. Sobre esas bases se produjo el pacto de no agresión sellado entre ambos presidentes.

Un pacto que a su vez ha permitido celebrar los congresos provinciales del PP sin mayores traumas, incluso donde la división interna previa no ha impedido la confrontación de dos candidaturas, como ha ocurrido en Soria, Valladolid y Ávila. O donde, caso de León, se habían reabierto viejas heridas que en realidad nunca habían cicatrizado. 
El hecho es que durante el pasado fin de semana el PP ha despachado 4 congresos provinciales, en los que han sido proclamado otros tantos nuevos presidentes -Carlos García (Ávila), Jesús Julio Carnero (Valladolid), Juan Martínez Majo (León) y Paloma Sanz Jerónimo (Segovia)  respaldados todos ellos por más del 90 por ciento de los compromisarios.
 Aunque persistan soterradamente las filias y las fobias, por otra parte consustanciales a cualquier partido, puede afirmarse que el PP de Castilla y León es hoy una balsa de aceite. Y nadie ha vuelto a ver que la bicefalia fuera un problema. Pero este idílico panorama interno se ha visto sacudido  por la tormenta de corrupción que de un tiempo a esta parte no deja de descargar sobre el gobierno de la comunidad autónoma.

Un día antes de que el PP de Valladolid celebrara su congreso, su presidente de honor, Tomás Villanueva, solicitaba su “suspensión temporal de militancia” en el partido del que ha sido máximo responsable provincial entre 1993 y 2008. El que asimismo fuera consejero de la Junta durante 20 años, los últimos 12 de ellos al frente de la consejería de Economía, hacía ese favor al PP el mismo día en que juez que instruye el caso de la “Perla Negra” dictaba un auto citándole a declarar en calidad de investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación continuada, fraude a Administración y malversación de caudales públicos, sin descartar los de cohecho y blanqueo de capitales.
Tomás Villanueva y Juan Vicente Herrera

 En dicho auto el juez ha hecho suyas las imputaciones de la fiscal-jefe de Valladolid, quien en un contundente informe conocido la pasada semana consideraba al ex consejero Villanueva máximo responsable del turbio proceso que rodeó el alquiler y compra de la “Perla Negra”, el edificio de la consejería de Economía sito en Arroyo de la Encomienda. Y ello ocurría solo unos días después de que, en su comparecencia parlamentaria sobre la “trama eólica”, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reiterara su plena confianza en Villanueva, a quién confió la consejería de Economía entre 2003 y 2015.

 Hace una semana considerábamos aquí que las responsabilidades políticas que pretendía eludir Herrera eran de imposible escapatoria, por más que esa “corrupción de personas” (sic) con las que pretendía eludirlas se detuviera en el ex viceconsejero Rafael Delgado. Pero la estrategia política de la Junta de presentar a Delgado como el gran villano y máximo responsable de las tramas de corrupción concurrentes en la consejería de Economía ha saltado por los aires. Las gravísimas imputaciones a Villanueva dejan  al desnudo a Herrera, cuyas responsabilidades podrían ir incluso más allá de lo político si se tiene en cuenta que en su día reconoció públicamente que había dado su visto bueno a la adquisición de la “Perla Negra”, avalando tanto el precio como el procedimiento seguido."Ha sido un acierto", dijo literalmente.

Carta del consejero-delegado de Endesa (Ultimo Cero)
Y la cosa no queda ahí: Según ha adelantado diario.es, la Fiscalía Anticorrupción también ha decidido imputar al ex consejero de Economía en la querella presentada sobre la “trama eólica” por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica. Delgado, presentado como el cerebro de esta trama, ha aportado al Juzgado determinada documentación que señala directamente a Villanueva como máximo responsable de las negociaciones establecidas entre la consejería y los promotores interesados en la obtención de las licencias de los parques eólicos.

A la vista de dicha documentación, que contiene  cartas y correos electrónicos ciertamente elocuentes, el fiscal ha solicitado a la juez encargada del caso que se cite a declarar al ex consejero en calidad de investigado, lo que sitúa a Villanueva en el epicentro de ambas tramas. A mayor abundamiento, dicha documentación resulta muy comprometedora para dos altos cargos de la Junta en activo: el director general de la Energía, Ricardo González Mantero, citado de momento en calidad de testigo, y el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, este último investigado a su vez en el caso de la Perla Negra.

El PP de Castilla y León tenía un problema. Y no era la bicefalia. Eran y son las tramas de corrupción investigadas judicialmente,  que día a día desmontan el falaz argumentario con el que Juan Vicente Herrera ha pretendido eludir sus clamorosas responsabilidades políticas. Y puede que lo peor seguramente esté por venir.


lunes, 5 de junio de 2017

Una responsabilidad política sin escapatoria

Después de más de 14 años gobernando con una plácida mayoría absoluta, Juan Vicente Herrera afrontó la actual legislatura con el infundado temor de que la pérdida de dicha mayoría  iba a suponerle un suplicio político. Le daba tanta pereza cambiar el “chip” que amenazó con dar la espantada y no presentarse a la investidura, algo de lo que dio marcha atrás al no acceder Mariano Rajoy al “dedazo” con el que pretendía resolver su huida.

Resignado a quedarse, pronto comprobó que el temor era infundado. El escaño que le faltaba en las Cortes no representaba ningún obstáculo para seguir gobernado como si dispusiera de esa mayoría.
Juan Vicente Herrera
 A diferencia de Susana Díaz en Andalucía y Cristina Cifuentes en Madrid, a cuyas investiduras Ciudadanos impuso duras condiciones, aquí el partido de Albert Ribera abarató al máximo su apoyo, permitiéndole incluso que mantuviera en sus puestos a seis altos cargos imputados por el Juzgado que instruye el caso de los multimillonarios sobrecostes pagados por el edificio de la Perla Negra y los terrenos de Portillo. Y a cambio de un módico puñado de enmiendas, facilitó la aprobación del Presupuesto de 2016 y ha garantizado su apoyo al del 17 consintiendo además que este último se apruebe con seis meses de retraso por mero capricho de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

 Lo que en mayo de 2015 no podía imaginar Juan Vicente Herrera es que la sombra de la corrupción acabaría convirtiendo en una pesadilla la última etapa de su mandato, coincidente además con su relevo en la presidencia del partido (y no precisamente por el candidato por el que él apostaba).  Poco antes de aquellas elecciones, en abril de 2015, cometió la frivolidad  de jactarse ante el pleno de las Cortes de que Castilla y León “no figuraba en el mapa de la corrupción española”. Una aseveración tan temeraria como falsa, ya que, además del caso Perla Negra-Portillo, instruido a instancias de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, en esas fechas se acaba de conocer el informe de la Agencia Tributaria que destapaba la llamada “trama eólica”.

 La respuesta de Juan Vicente Herrera ante tan flagrantes casos de corrupción -entroncados ambos  en la antigua consejería de Economía dirigida por Tomás Villanueva- fue siempre la de escurrir el bulto y meter la cabeza bajo el ala. A tal fin el PP bloqueó con toda la desfachatez del mundo la comisión parlamentaria de investigación sobre esa doble trama tan pronto como la oposición solicitó conjuntamente la comparecencia del presidente de la Junta. Y tan solo cuando el delegado territorial de la Junta en Valladolid y ex consejero de Gesturcal, Pablo Trillo, desveló en sede judicial que él mismo había informado personalmente al presidente de lo que se estaba urdiendo en torno a la compra de la Perla Negra, Herrera se vio obligado a dar explicaciones en una precipitada rueda de prensa en la que, para mayor inri, reconoció que había dado su visto bueno al desorbitado precio pagado por el edificio.

Tomás Villanueva
 Y así hasta que, tras dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción transforma aquel informe de la Agencia Tributaria en una querella contra 21 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta, como presuntos responsables de delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública asociados al reparto de más de 80 millones de euros en comisiones. Formulada dicha querella -en la que, al igual que en la Perla Negra”, aparece como máximo responsable de la trama el antiguo numero dos de Economía, Rafael Delgado- al presidente de la Junta ya no le quedaba otro remedio que comparecer en las Cortes. Lo hacía la semana pasada, pero no ante la comisión de investigación pertinente, sino ante la de Economía y Hacienda, evitando así que nadie pudiera preguntarle por los turbios asuntos de la Perla Negra y Portillo.

 A nadie se le pide que se haga el “harakiri” político, pero dicha comparecencia fue de principio a fin un insulto a la inteligencia. Visto que ya no podía negar la hipótesis de la corrupción, Herrera se descolgó asegurando que, de existir, sería una “corrupción depersonas, no de instituciones ni de la Administración”, ya que según él los procedimientos administrativos se han atenido a la estricta legalidad. Afirmación esta última rotundamente falsa, ya que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado arbitrariedades en los expedientes administrativos de 35 parques y la Intervención General del Estado ha encontrado ilegal la figura de la avocación de competencias, cuyo uso fraudulento es el que permitió que  una serie de empresarios amigos de la casa -con el ex consejero de Excal, Alberto Esgueva a la cabeza- mordieran del negocio en forzada alianza con las eléctricas. Sin olvidar que Delgado no pudo perpetrar los delitos que se le atribuyen sin haber contado con la connivencia de otros altos cargos y responsables de la Administración, alguno de ellos además de distinta consejería.

Rafael Delgado, a su llegada al Juzgado
Si los procedimientos se hubieran atenido a la legalidad, la fiscalía no estaría acusando al ex numero dos de Economía del delito de prevaricación. ¿Qué pretende entonces Juan Vicente Herrera con su pueril teoría de la “corrupción de personas”. Obviamente, seguir eludiendo sus manifiestas responsabilidades políticas “in eligendo” e “in vigilando”. Y por si no suficientemente difícil de creer que él nunca se enteró de nada, además se permite reafirmar su confianza en Villanueva, a quién por ende considera ajeno a las andanzas del que era su número dos. Otra mercancía averiada que atropella el sentido común.

En su declaración ante el Juzgado el pasado viernes, el propio Delgado aseguró que él se limitaba a ejecutar la estrategia diseñada por el consejero y que fue éste el muñidor de los acuerdos mediante los cuales los empresarios amigos se repartieron con las eléctricas el negocio de los parques eólicos. Se dirá que lo de apuntar hacia Villanueva obedece a una estrategia de defensa, pero resulta que exactamente eso mismo hicieron casi todos los altos cargos de la Junta cuando declararon ante el Juzgado que instruye el caso de la Perla Negra.

 El perdón en condicional y por adelantado pedido por Juan Vicente Herrera constituye una tramposa maniobra para ganar tiempo y aparentar lo mucho que le afligen unos casos de corrupción por los que en realidad nunca ha estado dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política. Su problema es que, a estas alturas, dicha responsabilidad es de imposible escapatoria. Y a medida que avance la instrucción en los dos Juzgados que investigan este pestilente entramado de corrupción, la situación del presidente de la Junta va a ser cada vez más insostenible. Simple cuestión de tiempo.