La agenda judicial se cruza en la precampaña

  No hay ningún lapsus en el titular. Aunque las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas no se celebrarán hasta el 9 de junio de 2019, todas las formaciones políticas están ya en modo precampaña. Y eso sin considerar la posibilidad, hoy por hoy un tanto remota, de que Mariano Rajoy rompa la baraja y convoque elecciones generales anticipadas (remota porque, aunque existe algún precedente, no parece que el “sentido común” marianista pase por hacerse el harakiri él y conducir hacia al abismo a su partido).

La fiscal Esther Pérez Jerez

Véase la agenda de hoy. El Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid, que investiga el caso “Perla Negra & pufos asociados” (pelotazo con los terrenos del inexistente polígono industrial de Portillo y alquileres inmobiliarios de la Junta en el extranjero) practica este lunes nuevas declaraciones. Entre ellas la del abogado Jesús Rodríguez Recio, investigado tanto en esta causa como en la de la “trama eólica”, como presunto testaferro del ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado.

 Y la novedad es que en las diligencias seguirá estando presente la hasta ahora fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid, Esther Pérez Jerez, quién la pasada semana tomo posesión de su nuevo destino en la Inspección adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE). Si alguien pensaba que el traslado a Madrid de Pérez Jerez, una fiscal caracterizada por su independencia y rigor profesional, podía propiciar cierta laxitud en la postura mantenida por el ministerio público se habrá llevado un buen chasco, ya que de momento no abandona el caso. Atendiendo a la complejidad de las diligencias judiciales, y de conformidad con la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, la FGE ha autorizado que la ex fiscal jefe de Valladolid continúe actuando en dicha causa, así como en el caso Samaniego, otro pufo de campeonato de los varios que se están acumulando sobre la gestión del ex alcalde vallisoletano Javier León de la Riva.

 Mientras tanto, el gobierno de Juan Vicente Herrera sigue enseñando sin  pudor la patita. La Cadena SER informó el pasado fin de semana de que la Junta lleva casi tres meses sin atender el requerimiento de documentación realizado por el juez instructor, César Gil Margareto, en relación con el alquiler del edificio que en su día albergó la sede de la consejería de Economía en Bruselas. Dicha documentación fue requerida por el Juzgado el pasado 23 de noviembre, sin que hasta la fecha la consejería haya tenido tiempo de aportarla.

Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera

 En fin, una prueba más del descaro con el que el gobierno Herrera viene actuando en dicha causa, donde demoró todo lo posible y más su presentación como acusación particular, status que sigue haciendo compatible con el pago de la defensa -para mayor inri, encomendada al bufete Garrigues- de los seis actuales altos cargos de la Junta investigados, salvo alguna honrosa excepción. Y ello después de aquella declaración, por plasma y en calidad de testigo, de la actual consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la que se marcó “un infanta Cristina” como la copa de un pino de la que puede que en el futuro tenga que dar más de una explicación.

 Y para completar el cuadro, todo ello cuando el grupo socialista de las Cortes acaba de presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional ante el bloqueo de la comisión parlamentaria constituida en su día para investigar tanto la “Perla Negra & Pufos Asociados” como la “trama eólica”. Dos años llevan prácticamente paralizados los trabajos de dicha comisión, obstruccionismo en el que se ha subrogado el PP de Alfonso Fernández Mañueco, con el actual portavoz del grupo parlamentario, Raúl de la Hoz, a la cabeza.

Fernando Martínez Maillo

Ex consejeros de Caja España, en el Juzgado.-  Mientras tanto, entre hoy y mañana declaran por fin ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León los miembros del Consejo de Administración de la extinta Caja España investigados por un presunto delito de “administración desleal” relacionado con los multimillonarios créditos concedidos al que fuera su presidente, el empresario Santos Llamas. Digo por fin porque dicha declaración, prevista en principio para mayo de 2015, se ha demorado desde entonces a causa de diversas incidencias procesales.

 El resultado de dicho aplazamiento es que los citados estos días por el Juzgado no son los 14 consejeros investigados sino 13, ya que mientras tanto el ex presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maillo, fue elegido diputado del Congreso y solamente puede ser llamado a declarar por el Tribunal Supremo. (He aquí un palmario ejemplo del privilegio de los aforamientos políticos, que, como demuestra este caso, tienen  efectos sobrevenidos sobre conductas anteriores a la llegada al cargo público del que son inherentes).

 Salvo Maillo y Javier García Prieto, este último actual concejal del ayuntamiento leonés, la mayor parte de los investigados son antiguos cargos públicos del PP y el PSOE, tales como el ex alcalde socialista de León, Francisco Fernández, o el ex alcalde “popular” de Medina de Rioseco y diputado provincial Artemio Domínguez, aunque también aparecen antiguos sindicalistas como Miguel Ángel Álvarez (UGT), el secretario autonómico de ASAJA, José Antonio Turrado, y el catedrático de Derecho Tributario Alejandro Menéndez. (Pese a su condición de investigado, Menéndez, afín al PP, es el único que ha sobrevivido al naufragio y sigue siendo consejero del banco CEISS-Unicaja, habiendo tenido el desahogo de comparecer en calidad de experto ante la comisión de investigación de las Cortes constituida en torno al expolio de las Cajas de Castilla y León).

El fiscal Antonio Silva

 Y también está de máxima actualidad el caso de las indemnizaciones multimillonarias con las que abandonaron Caja Segovia un selecto grupo de ejecutivos encabezados por el que fuera director general de la fenecida, Manuel Escribano. Casi 7 años después de que comenzaran las diligencias, que tienen su origen en una denuncia de la extinta UPyD a la que después se sumó IU, y pese a la obstinada posición contraria del fiscal-jefe de Segovia, la jueza encargada del caso, Silvia Conde,  ha decretado la apertura de juicio oral contra tres antiguos consejeros (entre ellos el ex presidente de la Caja y de la Diputación provincial, Atilano Soto) y 3 de los agraciados por las generosas indemnizaciones, imponiendo a todos ellos y a  otros 5 “indemnizados” fianzas por un importe global superior a los 50 millones de euros.

 En este caso el que ha meado fuera del tiesto ha sido el referido fiscal-jefe, AntonioSilva, quién no satisfecho con defender en todo momento el sobreseimiento del caso, sufriendo sucesivos revolcones en la Audiencia Provincial (él y los dos anteriores jueces instructores), se ha permitido sugerir que la jueza Conde ha cedido a presiones externas. La “carta abierta” que le ha dirigido el grupo “Centrados en Segovia”, heredero de la UPyD, no tiene desperdicio. Y no es para menos, ya que desde la bochornosa posición del fiscal Pedro Horrach en el caso Nóos no se recuerda a un representante del ministerio público ejerciendo con tanto afán como defensor de unos encausados. Lo que se dice el mundo al revés.

elblogdepedrovicente@gmail.com   19 Febrero 2018