lunes, 12 de marzo de 2018

"Más madera, es la guerra"

El estallido social que ha supuesto el pasado 8-M ha abundado en la tesis sobre “El proletariado emocional” que, junto al patriotismo y patrioterismo -que de todo hay- suscitado por el independentismo catalán, explican la súbita sacudida del tablero de la política española. Antes del 8-M, un experto observador como Joaquín Estefania comentaba en “El País" las claves de ese fenómeno, detectado por alguien tan poco sospechoso de hostilidad hacia el PP como José María Lassalle, secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital en el actual gobierno de Mariano Rajoy.


 Ese doble magma explica unas encuestas en las que persiste el espectacular despegue de Ciudadanos, que, demoscópicamente hablando, no es que ya  le pise los talones al PP, sino que en algunos de los sondeos ya le supera incluso ampliamente, sin ir mas lejos en el publicado el pasado fin de semana por el propio diario “El País”. Todo ello salpimentado en el ámbito autonómico por las manifiestas tensiones surgidas en la bicefalia compartida entre el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el del PP y del grupo parlamentario popular de las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco.

Juan Vicente Herrera y José A. de Santiago-Juárez
 Durante el pasado pleno del Parlamento, el primero tuvo que hacer un ejercicio de funambulismo para defender al indefendible consejero de Sanidad, Antonio Sáez, sin desautorizar al segundo, que previamente había criticado públicamente el “desorden” de los recursos sanitarios. Herrera, que en esa misma sesión se permitió dedicar a Albert Rivera el símil taurino de torero “perfilero”, tiró de pico de la muleta para aseverar que Sáez cuenta con el respaldo de los 42 procuradores del grupo popular. Todo un alarde de ventajismo, sabiendo que el PP no puede desmentir tamaña falacia. No hay que ser muy sagaz para presumir que si el grupo parlamentario popular sometiera a votación la gestión del consejero, el resultado sería abrumadoramente contrario a Sáez. Y Herrera es el primero que lo sabe.

 La gota que ha colmado el vaso de la infinita paciencia del PP se ha vertido en Salamanca, donde el presidente provincial del partido y de la Diputación, Javier Iglesias, respaldado por Mañueco, a la sazón alcalde de la capital, no ha tenido otro remedio que reaccionar públicamente en contra de una gestión sanitaria que ha conseguido indignar a la sociedad salmantina. Las mociones aprobadas por la Diputación y la critica de Mañueco no han sido si no un intento de contener una indignación que le puede pasar una alta factura electoral al PP salmantino.

Pero el malestar generado por la caótica gestión de Sáez y su equipo -con su compañero de tándem, el inefable Rafael López, a la cabeza- se extiende a las nueve provincias. Y así se puso de manifiesto en la multitudinaria manifestación del pasado 20 de enero. Los que desde los medios oficiosos y afines al Colegio de la Asunción se afanan en defender al consejero con el falaz argumento de que se magnifican lo que según ellos solo serían algunos problemas puntuales se olvidan olímpicamente del alcance, calado y diversidad de los incontables desaguisados provocados desde que Sáez llegó al cargo.

Antonio Sáez y José Jolín
 Del “desorden” de su gestión da idea que la misma medida que ha desencadenado el conflicto en Salamanca -esto es, aligerar las listas quirúrgicas trasladando las intervenciones a otros hospitales del Sacyl- también pretendía aplicarse en Burgos, donde el pozo sin fondo del nuevo Hospital no resulta suficiente para reducir unas listas de espera a mayor abundamiento sospechosas de haber sido manipuladas.
 (Por cierto, que la propuesta de desviar las intervenciones quirúrgicas hacia el Hospital Río Carrión se interpreta en medios del complejo hospitalario de Salamanca como un intento de favorecer con las correspondientes “peonadas” a los profesionales del hospital palentino, del que fue director José Jolín, actual director general de Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud).

 Volviendo al ventajismo de Herrera -un político que en sus cuatro (no cinco) campañas electorales como candidato a la presidencia de la Junta no se ha prestado a participar en un solo debate electoral-, el todavía presidente de la Junta recurrió al burdo argumento de las estadísticas sobre la  “ligitiosidad” de la Administración Autonómica para minimizar el aluvión de revolcones judiciales que ha sufrido el gobierno que lleva presidiendo desde hace 17 años. Sin remontarnos a los varapalos recibidos de manos del Tribunal Constitucional -como el que declaró fuera de la legalidad la faraónica Ciudad del Medio Ambiente, ese mamotreto de hormigón perpetrado a la ribera soriana del Duero- los reveses judiciales sufridos por el gobierno Herrera son el pan nuestro de cada día.

Por citar únicamente algunas de las más recientes, ahí están las sentencias del TSJ anulando las unidades de gestión clínica implantadas en los hospitales del Sacyl y el Plan del Lobo, o la causa seguida contra el actual viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, y su antecesora en el cargo, Begoña Hernández, por presunta prevaricación administrativa de ambos en el caso de las ITV de Castilla y León. (La Gerencia Regional de Salud acaba de añadir a su inacabable lista de revolcones judiciales otro que obliga a reponer en su puesto al jefe del servicio de Neurología del Hospital de Salamanca, Jesús María Gonçalvez, arbitrariamente cesado en su puesto en dos ocasiones).

Juan José Lucas
 Pero los reveses del gobierno "zombi" de Herrera no son únicamente de la Justicia. El Procurador del Común. Comisionado de la Transparencia, ha propinado un nuevo varapalo al Consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, a quien el pasado mes de noviembre recriminó su negativa a facilitar los datos sobre lo gastado por la Junta en publicidad institucional durante 2016. (La queja presentada al respecto por la Cadena Ser ha permitido conocer que dicho gasto se elevó a 11.959.556 euros, cuantía que se ha incrementado en 2017 hasta 15.395.847 euros, esto es, un 28,7 por ciento más). 
Ahora el Procurador ha obligado al “paladín de la transparencia” a facilitar a la Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Administración Autonómica las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) que De Santiago-Juárez, poniéndose por montera los derechos de la representación legal de los trabajadores, se ha resistido a entregar, sin duda en un descarado intento de ocultar el clientelismo y amiguismo político practicado por la Junta en forma de libres designaciones y comisiones de servicio adjudicadas a capricho.

Y así las cosas, mientras Herrera y Mañueco intentaban vanamente ocultar las crecientes tensiones de la bicefalia, aparece el ex presidente de la Junta y senador autonómico “vitalicio”, Juan José Lucas, y deja caer que al segundo “no le perjudicaría” ser presidente de la Junta antes de 2019. Imposible saber, conociendo al personaje, si dicha declaración ha sido inducida o espontánea. Pero ahí queda dicho por alguien que se significó en su apoyo a Mañueco en las primarias que éste disputó al candidato oficioso de Herrera, Antonio Silván, no hace todavía un año. “Traed madera, es la guerra”, que gritaba Groucho en “Los hermanos Marx en el Oeste” mientras Chico, Harpo y Zeppo desguazaban el tren en plena marcha.