Había
despertado la lógica expectación la comparecencia en la sala de
vistas de la Audiencia Provincial de Valladolid del expresidente de
la Junta entre 2001 y 2018, Juan Vicente Herrera,
citado a declarar en calidad de testigo por el abogado del
exviceconsejero de Economía Rafael Delgado,
uno de los principales encausados en el caso Perla Negra-Polígono de
Portillo, el doble pelotazo inmobiliario perpetrado a costa del
erario autonómico.
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| Aspecto de la vista oral del caso Perla Negra |
Y
era lógica la expectación porque el expresidente de la Junta,
inexplicablemente no llamado a declarar durante la fase de
instrucción, podía haber arrojado mucha luz sobre el entramado que
se juzga. Pero para eso alguien tendría que haberle preguntado. Y
solo lo hizo, y muy superficialmente, el defensor de Delgado. Ni la
fiscal ni el resto de las acusaciones, entre ellas la del Partido
Socialista, no consideraron de interés interrogar a tan relevante
testigo. En lo referente a la fiscal y al PSOE dicha inhibición
resulta ciertamente chocante, aunque puede que no lo sea tanto a la
luz de determinados antecedentes.
Juan
Vicente Herrera, hoy consejero del Consultivo, con 80.741 euros
anuales de salario bruto y coche oficial a su disposición para
trasladarse (raramente más de un día a la semana) desde su
residencia en Burgos a la sede de la institución en Zamora, aseguró
sin pestañear que no tuvo conocimiento de lo que se cocía en
Gesturcal hasta que en fecha no determinada fue informado por Pablo
Trillo Figueroa, miembro del Consejo de Administración de
dicha empresa pública adscrita a la consejería de Economía. A
Herrera no le quedaba otro remedio que admitir dicho conocimiento
después de que el 30 de mayo de 2016, Trillo, en ese momento
delegado territorial de la Junta en Valladolid, declarara ante el
Juzgado de Instrucción nº 2 de Valladolid que, siendo consejero de
Gesturcal, había advertido al presidente de la Junta del
desproporcionado coste que la Junta se disponía a pagar por la
compra de la Perla Negra.
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| Soledad Martín, actual fiscal-jefe de Valladolid |
Lo
que no ha explicado el declarante, porque nadie se lo preguntó,
fueron las gestiones realizadas para verificar el “chivatazo” de
Trillo y evitar, en su caso, el “sablazo” a las arcas de la
comunidad. Es más, a tenor de las vaguedades de su deposición oral,
se diría que Gesturcal era una empresa privada sobre la que el
máximo responsable de la Junta carecía de cualquier capacidad de
control.
El hecho cierto es que el entonces titular del Colegio de la
Asunción permitió que la Junta abonara 52,15 millones de euros por
la Perla Negra, cuantía incrementada con cerca de otros 8,8 millones
facturados por la sociedad vendedora, Urban Proyecta, en concepto de
gastos financieros, con lo que el coste final del edificio se elevó en torno a los 60 millones. Un coste que en 2016 el presidente
Herrera consideró ajustado a mercado y que, tras años de
instrucción, la Fiscalía ha estimado inflado en mas de 20 millones
de euros.
¿Cómo
se explica que la Fiscalía -menos mal que no fue la actual
fiscal-jefe la que tuvo a su cargo el grueso de la instrucción- y el
PSOE, personado como acción popular, hayan renunciado a sus
respectivos turnos de preguntas al testigo Juan Vicente Herrera? En
lo que respecta a los socialistas, obviamente la explicación debería
ofrecerla su máximo responsable en Castilla y León, el secretario
autonómico del PSCyL, Luis Tudanca.
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| Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca en el hemiciclo de las Cortes |
Ominoso
pacto de silencio.- En sus primeros años de mandato, y a
diferencia de sus antecesores, Tudanca se mostró dispuesto a
aplicarse a fondo contra la corrupción que desde 1987, José
María Aznar mediante, no había dejado de embadurnar al PP
de Castilla y León por los cuatro costados. Tras ganar las primarias
internas al palentino Julio Villarrubia, en octubre de
2014 el socialista burgalés accedió a la secretaria autonómica,
desde la que fue proclamado sin rival candidato a la presidencia de
la Junta en las elecciones autonómicas de 2015.
Cuando
estaba a punto de finalizar la campaña electoral de ese año, el
candidato a la reelección en la presidencia de la Junta se desayunó
con una indigesta noticia publicada por eldiario.es: Su
hermano, Francisco Javier Herrera Campo, asesor
financiero delegado de Renta-4 en Burgos, aparecía como cotitular de
una sociedad de inversiones creada en 2.008 en Panamá junto al
constructor burgalés Jesús Arranz Monje (grupo
Arranz Acinas) en comandita con dos testaferros nativos de aquel
paraíso fiscal. Ninguno de los periodistas que seguía la campaña
importunó con la noticia al candidato del PP, que ese día celebraba
un acto electoral en la localidad vallisoletana de Villalón de
Campos. Y únicamente el digital leonés “ileon” se
hizo eco de la noticia. El blindaje informativo engrasado con la
chequera mediática manejada a su antojo por el vicepresidente y
portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez,
se hizo notar del mismo modo que cuando el susodicho fue cazado
utilizando su coche oficial para un asunto estrictamente
familiar.
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| Pilar del Olmo a su llegada a la Audiencia |
Tras
fracasar en su afán por mantenerlo oculto, años después el
gobierno Herrera tuvo que reconocer que la Junta, a través de la
empresa publica Excal, había firmado un convenio con el grupo Arranz
Acinas para ubicar en un edificio de su propiedad una oficina
supuestamente dedicada a apoyar la internalización de los
empresarios de la comunidad, despacho atendido por una tal Ana
Cecilia Alvarado, que trabajaba simultáneamente para las dos
partes contratantes.
Conocedor
de todo este percal, Tudanca amagó pero nunca dio. En mayo de 2017
había sido reelegido al frente del PSCyL en el congreso autonómico
celebrado en Zamora bajo el elocuente lema “La alternativa
decente”. Sin embargo, y como por ensalmo, el líder de la
oposición dejó de interesarse por el lado oscuro de la gestión de
su paisano Juan Vicente, al que aún le restaban mas de dos años de
mandato. Del mismo modo que en las primarias socialistas de 2014
Tudanca pidió explicaciones a Villarrubia sobre el llamado “pacto
de la Coronita”, una amnistía fiscal encubierta perpetrada de
tapadillo en 2012 a instancias de la consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, el actual secretario autonómico debería de explicar
el ominoso pacto de silencio concertado con su paisano el hoy
consejero del Consultivo.
Me
he quedado sin espacio para ocuparme de la preocupante “amnesia”
de la exconsejera Del Olmo, quien ha actuado en la sala de vistas con
la misma desfachatez que cuando declaró por videoconferencia durante
la fase de instrucción. Ya dije en vísperas del juicio que en el
banquillo probablemente sean todos los que están, pero no están
todos los que fueron. Ya veremos como salen del trance los seis
antiguos cargos públicos o altos ejecutivos de la Junta finalmente
encausados. Desde luego, los dos viceconsejeros del malogrado Tomás
Villanueva, el citado Rafael Delgado y su alma gemela Begoña
Hernández, lo tienen en chino mandarín. Por el contrario, dicen
que el yerno de “El Águila de Toledo” mantiene la esperanza de
salvarse de la quema.
(Publicado en elDiario.es Castilla y León)
