En
diversas ocasiones hemos comentado aquí la habilidad, el desparpajo o la
desfachatez, según los casos, de la
Junta de Castilla y León para escurrir el bulto de sus
responsabilidades políticas. Jamás asume ninguna. Casi siempre encuentra un
chivo expiatorio al que culpar de los males de la comunidad. A menudo es el
gobierno central, incluso ahora que es del mismo color político, no digamos ya
cuando lo presidía Zapatero.
En el caso de que no pueda cargar a nadie el
muerto, no se dan por concernidos del fiasco y siguen a lo suyo como si la cosa
no fuera con ellos, ya se trate del escandaloso sobrecoste del Hospital de
Burgos o del expolio y almoneda de las Cajas de Ahorro. No se dan tampoco por
aludidos ante los continuos revolcones judiciales, tantos y de tal dimensión
que el gobierno de Juan Vicente Herrera
los encaja ya como el que oye llover. Da igual que los varapalos provengan del
mismísimo Tribunal Constitucional.
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| De Santiago-Juárez y Herrera en sus escaños de ls Cortes |
Este desplome demográfico certifica el
estrepitoso fracaso de la
Agenda de la
Población aprobada por la Junta en 2.010 a iniciativa de la consejería de la Presidencia. Esela Estrategia de Lucha contra
la Despoblación
consensuada en 2.006 por las Cortes Regionales. Se consideraba preciso
sustituir el carácter “reactivo” de dicha Estrategia por otro enfoque “en positivo”,
ya que se partía de la base de que la despoblación era una idea “cargada de
pesimismo”, instalada en el “imaginario colectivo” a base de “falsos tópicos”
como el del envejecimiento, el abandono del medio rural y la fuga de
jóvenes. “El reto al que nos enfrentamos no es tanto la lucha contra la
despoblación como mejorar nuestra evolución demográfica”, decía la Agenda , negándose de esa forma a
reconocer, no ya su alcance, sino la propia existencia del problema.
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| Anna Cabré, una experta desnortada |
Y fue entrar en vigor la Agenda y empezar a agravarse el problema demográfico de Castilla y León. Y no es eso lo peor: Las previsiones del Instituto
Nacional de Estadística para el periodo 2013-2023 son para echarse a temblar.
Según las proyecciones del INE, en estos diez años Castilla y León puede perder
195.227 habitantes, que son más de los que tiene censados ahora la provincia de
Zamora, la quinta en población de las nueve de la comunidad. Ese desplome
demográfico dejaría el padrón regional en niveles propios del comienzo del
siglo XX.
¿Qué ha hecho la Junta ante semejante
panorama? Lo apuntábamos hace una semana: Tratar de camuflar su clamoroso
fracaso mediante la estrategia de elevar a la categoría de “problema de Estado”
la crisis demográfica que aqueja a Castilla y León y, en menor medida, a otras cinco comunidades.
Como el problema no es solo nuestro, lo convertimos en un problema de todos y
así deja de ser nuestro problema. Un similitruqui propio de ese redomado
aprendiz de brujo que es De Santiago-Juárez.
Puestos a tirar por elevación, representantes
de las seis comunidades promotoras del “cambio demográfico” acudieron ayer a
Bruselas a contarle al comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el húngaro László Andor, el problema. Más nos vale que el comisario no lea el
diagnóstico incluido en la
Agenda de Población, donde la Junta , en su afán de
minimizar el problema, presume de que “mas de la mitad de las regiones europeas
tienen una evolución demográfica reciente mas débil que Castilla y León”. “La
evolución de la población -dice- no es un problema específico de nuestra
comunidad, sino algo que atañe a la mayoría de las regiones europeas”. “En
muchas de ellas -insiste- tanto el saldo vegetativo como el saldo migratorio
son negativos. No es el caso de nuestra comunidad”.
Cierto. No era el caso de Castilla y León en
el año 2010. Empezó a serlo justo a partir de que la Junta promoviera su
desdichada Agenda para la
Población.