Han pasado casi 48 horas desde que se supo
que el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley que permitió a la Junta perpetrar la llamada
Ciudad del Medio Ambiente de Soria y no existe el menor asomo de que alguien vaya a
presentar su dimisión ante semejante desaguisado. No cabía esperar otra cosa en
un país en el que asumir responsabilidades políticas renunciando a un cargo
público se considera casi una anomalía democrática. Pero lo menos que
se podía esperar a estas alturas de hartazgo ciudadano es que algún
responsable del fiasco se dignara en pedir disculpas. En primer lugar, por
haber vulnerado derechos fundamentales. Después, por haber urbanizado
ilegalmente un espacio natural, con el agravante de que el promotor
era la propia administración encargada de preservarlo. Y por último, por los cerca de 50 millones de euros de dinero público dilapidados en esa desventura. Pues ni siquiera para eso nadie se da por aludido.
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| Juan Vicente Herrera y María Jesús Ruiz |
Desde luego es inconcebible que permanezca
en su puesto el antiguo viceconsejero y actual director general de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, que era y sigue siendo
el consejero-delegado de Somacyl, la empresa pública que se ha encargado de
gestionar el proyecto y adjudicar las obras. Aunque de menor cuantía, Somacyl y
Jiménez Blázquez ya tenían en su haber otro fiasco sonado: el desplome que
sufrió el pasado mes de marzo la pasarela de los Cuestos de la Mota , en Benavente, episodio
sobre el PSOE solicitó una comisión de investigación que ha sido vetada por el
PP. (En los casi 13 años que lleva en el cargo el actual presidente de la Junta, el grupo
parlamentario popular ha vetado, una tras otra, todas y cada una de las comisiones de
investigación solicitadas por la oposición. La siguiente será la que piensa solicitar el grupo socialista a raíz de esta sentencia).
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| Vertedero industrial de Santovenia de Pisuerga |
De hecho, la técnica se ideó y estrenó para sortear la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la licencia concedida al vertedero de residuos industriales de Santovenía de Pisuerga, contratiempo que se salvó promoviendo una ley “ad hoc” que en junio pasado fue declarada inconstitucional. (Resolución ésta del Alto Tribunal que a fecha de hoy no ha tenido efecto alguno, ya que el vertedero de Santovenia sigue abierto ante la negativa del ayuntamiento a clausurarlo. Así lo acaba de denunciar IU subrayando la paradoja de que el alcalde socialista se haya desmarcado en la práctica de una sentencia obtenida gracias al recurso de inconstitucionalidad promovido en su día por el PSOE).
Veremos que subterfugios legales busca ahora la Junta para “indultar” el
engendro que es la Ciudad
del Medio Ambiente, cuyo edificio emblemático, la Cúpula , se encuentra
paralizado por decisión del Consejo de Gobierno adoptada a finales de abril, casualmente unos días antes de que el Tribunal Superior de Justicia declarara nula la
licencia concedida por el ayuntamiento de Garray. El presidente de la Diputación , Antonio
Pardo, a la sazón secretario provincial del PP soriano, ya ha instado a la Junta “a buscar fórmulas
legales para enderezar el proyecto”.
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| Del Olmo, De Santiago-Juarez y Herrera en las Cortes |
Lo mismo que la reestructuración del sector público de la comunidad -nominalmente reducido en un 50 por ciento-, cuyo ahorro se cifra en 18 millones de euros. Sin duda una cifra muy estimable, pero muy alejada de los centenares de millones de euros de deuda -350 solamente ADE Parques- que arrastra todo ese tinglado de empresas, fundaciones y entes públicos, donde hasta hace nada ha imperado a sus anchas el despilfarro y el enchufismo.